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Senado aprobó ley estatutaria de reforma al fuero militar

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Tras más de seis horas de acaloradas discusiones en las que intervinieron el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el fiscal general, Eduardo Montealegre, el Senado aprobó los cien artículos de que consta esta iniciativa que reglamenta la reforma al fuero penal militar.

Luego de la aprobación en el Senado, el proyecto comenzó esta misma noche a ser discutido en el plenario de la Cámara de Representantes.

Si durante las discusiones el proyecto no sufre ninguna modificación en la Cámara de Representantes pasará a la Corte Constitucional, pero si se le hacen cambios tendrá que ir a conciliación y tras su aprobación regresará a la corte que estudiará si se ajusta a la Carta Magna.

En esencia, la ley estatutaria que reforma la Justicia Penal Militar sirve para juzgar a militares y policías que comentan delitos durante el servicio.

Quedó establecido en la ley que los llamados "falsos positivos" que son ejecuciones extrajudiciales, quedan en la justicia ordinaria.

Los "falsos positivos" causaron un escándalo a fines de 2008, cuando se dieron a conocer ejecuciones sumarias de civiles a manos de militares para presentarlos como guerrilleros muertos en combate y así conseguir beneficios personales como permisos y ascensos.

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Aprobada por el Congreso el pasado 14 de diciembre, la reforma al fuero penal militar establece que la justicia ordinaria asumirá todos los delitos de lesa humanidad cometidos por miembros de la fuerza pública como genocidio, desaparición, violencia sexual, ejecución extrajudicial, tortura y desplazamiento.

En caso de duda, se establece que será un Tribunal de Garantías, integrado por cuatro miembros de la fuerza pública en retiro y cuatro jueces ordinarios elegidos por el presidente de la República mediante una terna, el encargado de decidir qué competencia judicial asume el caso en disputa.

Antes de las discusiones en el senado, la ONU había pedido a los legisladores colombianos cambiar el proyecto de ley estatutaria.

Por su lado, Amnistía Internacional se sumó a la crítica y denunció en un comunicado que "habida cuenta del control constante que las Fuerzas Armadas ejercen sobre las etapas iniciales de la investigación criminal, les facilitará el definir las violaciones de derechos humanos como actos legítimos de conflicto, sometidos, por tanto, a la jurisdicción militar".

Igualmente quedó establecido que la Fiscalía o la justicia castrense tendrán la carga de la prueba para juzgar a uniformados y se le dio a la fuerza pública la facultad para tener iniciativa en el ataque contra organizaciones armadas al margen de la ley.

El ministro Pinzón señaló durante su intervención en el Senado que las preocupaciones que tiene la ONU fueron subsanadas durante el trámite del proyecto.

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"Aquí no se trata de dejar contento a todo el mundo", dijo Pinzón, quien agregó que lo que se ha hecho es una serie de ajustes y modificaciones para adaptar la ley a la realidad.

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