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¿Será Colombia el cuarto país en Latinoamérica que despenaliza el aborto?

Corte Constitucional volverá a estudiar una demanda la cual busca que la interrupción del embarazo -sin tropiezos y aparte de las causales- sea legal antes de la semana 14 de gestación.

La Corte Constitucional volverá a estudiar una demanda que pide la despenalización amplia del aborto en Colombia. Organizaciones sociales y decenas de voceras de los derechos de las mujeres se unieron para clamar ante la justicia que puedan interrumpir su embarazo sin tropiezos antes de las 14 semanas de gestación. Todo indica que los votos en este alto tribunal no alcanzarán.

En medio de la polarización, Argentina cerró el 2020 dando el paso hacia la despenalización amplia del abortodurante las primeras 14 semanas de gestación. Al lado de cuba -en 1965- y Uruguay -en 2007-, es el tercer país latinoamericano en volver el aborto un derecho.

Según conoció Noticias Caracol, la decisión está en aguas de la Corte Constitucional y por ahora naufraga por falta de un voto.

Causa Justa, movimiento que agrupa a cientos de activistas, interpuso la demanda que actualmente se discute en la Corte. Aseguran que son más de 15 barreras las que se le atraviesan a una mujer a la hora de abortar, comenzando por el muro más alto y estructural: que es considerado un crimen.

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"Lo que se demuestra en la demanda es que el hecho de que se siga criminalizando como un delito impide que la información se conozca, crea un estigma y hace que en la realidad los abortos que se hagan en condiciones seguras sean mucho menores, que las mujeres sigan muriendo por casos asociados a abortos inseguros", dice Cristina Rosero, demandante y asesora en derechos reproductivos.

Es importante recordar que desde 2006, las mujeres en Colombia pueden abortar dentro de tres causales:

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  • Peligre la salud física o mental de la mujer
  • Exista grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina
  • Haya de por medio una violación

Rosero dice que "la experiencia de estos 15 años ha demostrado que el sistema de causales no es suficiente para permitir un acceso real a la interrupción del embarazo".

Y es que las cifras son crudas, casi todas extraoficiales: el Ministerio de Salud reportó que entre 2009 y 2020 se registraron 436.020 atenciones relacionadas con abortos tanto voluntarios como involuntarios.

Esta cifra contrasta con la que calcula la Corte Constitucional en un solo año: según información no oficial en manos de este tribunal, en Colombia 400.000 mujeres abortan clandestinamente.

Además, el universo real de mortalidad se desconoce, pero el sistema de salud reportó que, durante el 2018, 14 mujeres murieron por abortos inseguros.

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¿Cómo están las cargas en el alto tribunal?

Alberto Rojas, Alejandro Linares, Antonio José Lizarazo (ponente) y José Fernando Reyes son los cuatro magistrados que quieren legalizar el aborto con el argumento de que las tres causales no solucionaron el problema de fondo: las interrupciones de embarazo clandestinas.

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Tres votos se atravesarían de manera tajante a esta postura.

Noticias caracol conoció que los magistrados Cristina Pardo, Jorge Enrique Ibáñez y Paola Meneses son enemigos del aborto, mas allá de las tres causales existentes.

Otras dos magistradas, Gloria Ortiz y Diana Fajardo, difícilmente cambiarán sus posturas manifestadas en anteriores debates; la primera dice que no existen suficientes argumentos para reabrir una discusión que quedó saldada con el fallo de tres causales, mientras que la segunda considera que es el Congreso el único ente que podría despenalizar el aborto.

En este apretado 5-4, algunos magistrados están estudiando fórmulas para cambiar la mayoría y lanzarle un salvavidas a la despenalización amplia del aborto a través de una sentencia modulada.

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El tribunal podría enviarle un ultimátum al Congreso para que antes de junio del 2023 regule el tema so pena de quedar despenalizado después de esta fecha.

Pero la división es total y reflejo de ello son las más de 5.000 intervenciones ciudadanas que están sobre la mesa en esta discusión.

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"Los niños que son agredidos en el útero de la madre a la semana 22 de gestación pueden sobrevivir discapacitados y prematuros extremos por múltiples complicaciones. Por eso, en su nombre, los defiendo y la Rama Jurisdiccional del Estado ordenando y tolerando abortos incide en estos daños que violan la integridad personal, la dignidad humana y el derecho a la vida”, sostiene Natalia Bernal Cano, doctora en Derecho Constitucional.

"Lo más importante que cambiaría una despenalización amplia del aborto es que los médicos dejan de ser sobre quienes recaería el riesgo de la criminalización y el poder de definir quién comete el delito y quien no; los médicos han sido muy cuidadosos en salvaguardar ese orden, pero no son jueces ni son abogados y lo que vemos es que se están equivocando mucho”, afirma Isabel Cristina Jaramillo, constitucionalista y abogada de la Universidad de los Andes.

Antes de terminar su gestión como procurador, Fernando Carrillo dejó firmado un concepto en el que la entidad se mostró de acuerdo con la despenalización amplia del aborto y le pide a la Corte que se declare inhibida para fallar el caso pues considera que este balón está en la cancha del congreso.

No obstante, la vía del Congreso ha sido infértil a pesar de los exhortos que reiteradamente ha hecho la Corte. Desde 1975 se han presentado 33 proyectos de ley, todos hundidos.

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Entretanto, los médicos seguirán denunciando y la Fiscalía judicializando. Desde el 2006 se han reportado 5.646 procesos por el delito de aborto, dentro los que están 551 casos de menores de edad, que se supondría deberían tener una protección especial.

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