Sí hay confinamiento: comunidades de Bojayá confirman presencia de grupos armados en la zona

​​​Mientras se adelanta un consejo de seguridad, Defensoría del Pueblo recuerda que desde hace dos meses advirtió esta delicada situación.
Los habitantes del caserío de Pogue, que hace parte de Bojayá, escenario en 2002 de una de las peores matanzas del conflicto armado colombiano, están confinados por la presencia en esa región de hombres armados pertenecientes a las paramilitares Autodefensas Gaitanistas, denunciaron líderes de la zona.
"Hay una toma del control por esta gente, los paramilitares", dijo por teléfono José de la Cruz Valencia, que hace parte del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá.
Los hombres armados llegaron a la zona el pasado 31 de diciembre, lo que impide la libre movilización de los habitantes de Pogue, situado en una de las márgenes del río Bojayá, en el selvático departamento del Chocó, fronterizo con Panamá.
Según Valencia, la situación en la zona está "bastante complicada" porque las comunicaciones son además muy malas.

Respuesta de las Fuerzas Militares

 
A través de un comunicado el Comando de la Séptima División del Ejército Nacional dijo que “las tropas del Ejército Nacional actualmente desarrollan allí una operación militar con más de cien hombres” en Pogue.
Añadió que el comando ordenó la inserción de 50 hombres adicionales para “contrarrestar las intenciones de los grupos armados organizados del ELN y el Clan del Golfo”.
“Como producto de las operaciones militares desarrolladas en el último año, las estructuras armadas del Clan del Golfo en esta región se han visto afectadas de manera contundente, con 37 capturas, 2 muertes en desarrollo de operaciones militares, 44 kilos de explosivos neutralizados y 1147 galones de base de coca en proceso y 16 laboratorios para el procesamiento de  estupefacientes destruidos”, señalaron.

Peligro anunciado

 
"El tema sigue siendo bastante complicado porque continúa la materialización de lo que se viene denunciando hace unos meses por parte de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia", manifestó el líder social.
El pasado 17 de noviembre, durante los actos de entrega a la comunidad de los restos de cerca de un centenar de víctimas de la matanza del 2 de mayo de 2002 en Bojayá, organizaciones sociales y la Diócesis de Quibdó, capital del Chocó, advirtieron al Gobierno sobre el "inminente riesgo" de que ocurra una nueva masacre en la zona.

"Se ciernen nuevamente hechos amenazantes de desplazamientos, confinamientos, masacres, torturas, desapariciones, reclutamientos", advirtieron entonces en una carta la Diócesis de Quibdó, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó (Fedeorewa) y la Mesa Indígena del Chocó.
Por eso, Valencia dijo hoy que la presencia de paramilitares es "un punto más que se ha dado en la comunidad de Pogue", de donde procedían muchas de las víctimas de la matanza cometida hace 17 años en Bojayá.
Aquella tragedia ocurrió cuando una bomba lanzada por la guerrilla de las FARC, durante un combate con paramilitares por el control territorial de la zona, cayó en la iglesia donde se había refugiado parte del pueblo y mató a por lo menos 79 personas, aunque otras cifras hablan de 119 muertos y decenas de heridos.
Pese a que la firma de la paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, ahora convertidas en partido político, supuso un alivio para los habitantes de esas remotas localidades, en la zona siguen operando las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), así como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados ilegales.

Advertencia de la ONU

 
El martes pasado la Misión de Verificación de la ONU presentó un informe sobre el estado de la implementación del acuerdo de paz en el que señala que la presencia de grupos armados ilegales en algunas zonas de Colombia, entre ellas el Chocó, "sigue teniendo consecuencias devastadoras, como reclutamientos forzados de menores, homicidios, desplazamientos, confinamientos y ataques y amenazas contra las autoridades y los líderes étnicos".
Resalta que "el deterioro de la situación en el departamento del Chocó es motivo de alarma" pues a comienzos de diciembre la Defensoría del Pueblo "confirmó el desplazamiento de 3.200 miembros de 17 comunidades étnicas del municipio de Alto Baudó y el confinamiento de ocho comunidades afrocolombianas e indígenas debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales".
Ante las denuncias del confinamiento de la comunidad de Pogue, el Ejército informó que el comandante de la Séptima División, general Juan Carlos Ramírez Trujillo, se trasladó este jueves a ese caserío.