Tensión por desalojo de seis mil mineros informales en Buriticá

Foto: En la vía principal que comunica a Buriticá con el occidente de Antioquia hay un gran despliegue de Fuerza Pública para tratar de evitar disturbios. Rubén Darío Gómez.
En Buriticá (Antioquia) unos 1.500 hombres de la Policía -entre quienes están los refuerzos del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad)-, del Ejército y Fiscalía vigilan las calles para que se respeten las medidas de urgencia decretadas la mañana del domingo por el alcalde Humberto Antonio Castaño Úsuga.
Estas ordenan que se suspenda la circulación de automotores en las vías de acceso a la cabecera municipal, restringen la venta y consumo de bebidas alcohólicas y la prestación de servicio de lugares donde se practiquen los juegos de azar. Además, se restringe cualquier uso de armas de fuego o blancas.
El motivo de las decisiones del mandatario local es hacer cumplir la orden desalojo de los cerca de seis mil mineros informales que explotan oro en el municipio. La orden se la dio a conocer a Castaño la Agencia Nacional Minera a solo tres días de haberse posesionado como alcalde, el 4 de enero pasado.
“Me hizo llegar una carta en la que me pedía desalojar a los mineros informales”, le dijo a Noticias Caracol el funcionario.
Y a los 13 días, cuenta, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, lo llamó para pedirle que le explicara qué había hecho para cumplir la orden.
La situación no ha sido fácil.
“En Buriticá ha ocurrido una invasión hace cuatro años, han llegado más o menos seis mil mineros, se ha atentado contra el recurso natural, contra el medio ambiente”, dice Castaño.
Antes, el municipio era llamado El laberinto de paz, pero hoy no se le puede decir igual. Ha habido asesinatos, extorsiones, atentados, como los sufridos por la Fuerza Pública en el que seis policías resultaron heridos, durante el pasado paro armado ilegal impuesto por el Clan Úsuga.
Buriticá tenía registro de una población de cerca de siete mil habitantes. Hoy se le suman los seis mil explotadores de oro que llegaron de poblaciones como Santa Fe de Antioquia, Giraldo, Olaya, y Segovia, entre otros. Los mismos que van a desalojar o que tomaron la decisión de irse para evitar enfrentamientos con la Fuerza Pública.
Son las pepitas doradas que esos hombres rescatan del agua mezclada con mercurio y otros químicos la que ha cambiado la vida de los buritiqueños.
“El costo de vida ha crecido enormemente. Un arriendo de un apartamento que hace cinco años valía 300 mil pesos, ahora vale 1 millón”, dice el alcalde.
Las consecuencias de esos cambios las explica como si del apocalipsis se tratara.
“La minería no solo está desangrando a Buriticá, si no le ponemos cuidado va a ser un municipio desolado; las aguas se están secando, el aire está muy contaminado, solo quedaría descomposición social y pobreza, no quedaría más porque Buriticá no está recibiendo regalías por ningún lado, todo lo que tiene que ver con minería es ilegal: las compras de oro, los beneficiaderos, los lenocinios; todo el mundo llegó a hacer lo que quiere, nadie paga impuesto, nadie paga Industria y comercio y estamos en la obligación de poner orden a la casa, sino Buriticá va a ser un pueblo desierto”.
Por esas razones, y porque “la comunidad nativa pide a gritos que se le busquen soluciones serias al problema”, desde este domingo comenzó el desalojo de los informales en las minas Lebrón, La Equidad y Boludos, cercanas a la explotación de la multinacional Continental Golds Mine.
A Rubén Darío Gómez, secretario general de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol), le preocupa que se desate una confrontación entre los explotadores informales de oro y la Fuerza Pública.
“La Policía se ha acantonado en instalaciones de la compañía junto con el Ejército, han llegado ambulancias, cuerpo de bomberos y se presume que va  a hacer una cosa pacífica, pero lo que han desplegado allí es un escenario de guerra, de confrontación”, dijo el líder de los mineros.
Además, dice el líder de los mineros que el desplazamiento a otros municipios va a complicar la situación.
“Lo que hicieron fue trasladar el problema. Unos dos mil han regresado al municipio de Segovia. Estos mineros de manera desorganizada han iniciado nuevas perforaciones”, denunció Gómez.