Thomas Greg & Sons informó este martes, 19 de diciembre de 2023, que demandará al Estado tras no lograr una conciliación en medio del lío por los pasaportes en Colombia. La firma dio a conocer esta decisión a través de un comunicado.
Thomas Greg anunció su decisión de demandar después de la reunión que hubo entre la Procuraduría General de la Nación y la Cancillería, con el fin de buscar una conciliación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la firma.
Sin embargo, la audiencia de conciliación terminó sin un acuerdo. "Por ello, en ejercicio de sus derechos, la Unión Temporal procedió a formular la demanda para que sean los jueces de la República los que en derecho diriman la controversia. La Unión Temporal ha mantenido y mantendrá el ánimo conciliatorio durante el curso de la disputa y reitera su confianza en las instituciones", indicó Thomas Greg en el comunicado.
Aunque la empresa Thomas Greg & Sons puso sobre la mesa la opción de que se le adjudicara el contrato, la Cancillería se negó.
Fernanda García, la procuradora delegada para esta audiencia, detalló que “la parte convocante hizo su ofrecimiento de conciliación. A su vez, la Cancillería, a través de los miembros del comité de conciliación y los apoderados con expresa facultad para conciliar, manifestaron una intención inicial de conciliar".
"No obstante, cuando vamos a desarrollar ya estas circunstancias en las que se iba a desarrollar ese acuerdo, pues no hubo un punto al que pudieran llegar satisfactoriamente”, anotó.
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Añadió que “la Procuraduría va a expedir la certificación correspondiente para el apoderado de la parte convocante y del acta con las intervenciones de cada uno de los apoderados".
"Ya con esa certificación la parte convocante está en todo el derecho a acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para hacer valer el medio de control que considere”, puntualizó García.
Y es que la decisión del gobierno de Gustavo Petro de no adjudicar el contrato para elaborar pasaportes a la firma Thomas Greg & Sons ya ha cobrado dos cabezas: la de Martha Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, y ahora la de Germán Calderón España, abogado apoderado de la Cancillería para este proceso.
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Tanto Zamora como Calderón proponían al Gobierno conciliar con la firma para evitar que eventualmente el Estado perdiera una millonaria demanda.
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