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Torres del Silencio: monumento al olvido y la falta de voluntad de gobernantes de Yopal

Era un conjunto de apartamentos, para 400 familias, que fueron abandonados a la intemperie. Contraloría estima en $12 mil millones el detrimento.

Con acabados, enormes ventanales, escaleras seguras y pisos en porcelanato tenían que ser entregados los apartamentos en Yopal. Pero la realidad fue otra.

“El proyecto se miraba con buenos ojos, en año y medio tendríamos 400 apartamentos para 400 familias”, dice Luis Eduardo Salcedo Montoya, presidente de la Asociación de Beneficiarios de Torres del Silencio.

Diez años después, el concreto y acero estaban siendo consumidos por el agua y el sol y se convirtió en amenaza en ruinas. Los beneficiarios decidieron invadir.

“Han pasado más de 8 alcaldes y más de 10 gobernadores, los cuales no han tenido voluntad política para terminar este proyecto”, explica Carlos Julio Vivas, líder de Torres del Silencio.

“Decidimos entrarnos sabiendo que ya teníamos una resolución y que nos pertenecía”, explica Gregorio Rincón, uno de los beneficiarios.

El contralor dice que hay detrimento por más de 12 mil millones de pesos.

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“Aquí tenemos un gran elefante blanco, un mamut de la corrupción (…) se abrirá un proceso por alrededor de los 12 mil millones de pesos”, señaló Carlos Felipe Córdoba.

El problema son meras diferencias políticas.

“Tanto Gobernación como Alcaldía no hay afinidad política. Se empezó a investigar a los beneficiarios de ese proyecto, se empezó a poner ciertas talanqueras”, indica Robert Heredia, defensa judicial del departamento.

“Cerca de 4 mil millones de pesos están en una fiducia, esperando que resolvamos todo este tema”, asegura Ricardo Corso, director de vivienda departamental.

Por su parte, el alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro, indicó: “Yo no tengo ningún problema en dar los dos pasos, uno declarar la calamidad pública y otro la titularidad”.

El exgobernador Marco Tulio Ruiz dejó vencer las pólizas de cumplimiento y Alirio Barrera, las de calidad, lo que quiere decir que el proyecto deberá ser liquidado por orden judicial.

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