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5:54 am - 24 de Julio de 2018

Un excongresista y el hermano del gobernador de Arauca, implicados en caso de ‘mermelada tóxica’

| Noticias Caracol

Por: 
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Una obra que debía ser entregada en 2016 y que costó $16 mil millones se habría convertido en la fuente de desvío de dineros, según la Fiscalía.

Para la Fiscalía, el edificio donde se construyó la sede de inteligencia de la Policía en Arauca sería un nuevo y grave ejemplo de corrupción.

Su construcción, se inició bajo el contrato 128-216 por $16 mil millones suscrito entre la gobernación de Arauca y la unión temporal G-S, cuyo socio mayoritario sería Francisco Alvarado, hermano del actual gobernador Ricardo Alvarado.

La investigación enreda, además, al hijo del contratista y sobrino del gobernador de Arauca, Julián Alvarado, quien según los documentos en poder de Noticias Caracol disponía del dinero público para pagar gastos particulares.

Los investigadores creen que el pago fue hecho a través de terceros a Albeiro Vanegas, quien hasta hace dos días era representante a la cámara por Arauca y quien fue el gran gestor de los recursos para construir la obra.

También registra un pago por $450 millones a Jhon Jairo Giraldo, conocido como ‘el Cóndor’, y cercano al saliente parlamentario.

Otro hallazgo de los investigadores tiene que ver con un aporte que el hijo del contratista habría hecho a una entidad identificada como Compromiso la Paz.

"De acuerdo con la información por fuente formal y no formal, se tienen que sus representantes al parecer hacen parte de la guerrilla del ELN, frente Domingo Laín".

En total, son quince los hallazgos, entre facturas, transacciones electrónicas, comprobante de egreso a un contralor, una gerente de banco y otras personas, que para las autoridades no tienen relación con el millonario contrato.

Como el pago de 15 millones para una fiesta del alcalde de Arauquita, Renzo de Jesús Martínez.

Mientras tanto, la obra que debía ser entregada en diciembre de 2016 y que tuvo dos adiciones y tres suspensiones, hoy sigue inconclusa.

El posible detrimento que se investiga es de más de 1.200 millones.

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