El senador Alfredo Rangel, autor del proyecto, explicó que la iniciativa busca que los militares que hayan cometido delitos durante su servicio reciban una pena máxima de cinco años de privación de la libertad.
Aseguró que para quienes ya están judicializados y hayan cumplido una tercera parte de su condena, que sea menor de cinco años, se les podría dar la posibilidad de que terminen el periodo en detención domiciliaria.
Esta rebaja entraría en funcionamiento siempre y cuando sea consecuencia de hechos punibles en el curso de operaciones de orden público a partir de la fecha de aprobación de dicha ley hacia atrás.
No serán cobijados quienes hayan participado en los llamados ‘falsos positivos’, ni los autores de delitos de lesa humanidad.
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