El alto tribunal avaló la mayoría de los 82 artículos de la ley que permitirá la restitución de tierras a campesinos y a diferentes grupos desplazados.
También se autorizó la creación de un banco de tierras de 3 millones de hectáreas, durante 10 años, entre otras disposiciones.
Esta reforma rural integral estuvo pactada entre el Gobierno y las FARC en el acuerdo de paz.
No obstante, existen algunos condicionamientos para que se incluyan a todas las comunidades étnicas. También se rechazó el artículo que creaba nuevas autoridades administrativas para los procesos de restitución, al considerar que estas ya existen.
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