Decisión histórica: procesos disciplinarios por violaciones a DD. HH. no prescribirán

La determinación de la Procuraduría significa que falsos positivos deberán ser fallados de fondo y se desempolvarían investigaciones por magnicidios o masacres.
El procurador Fernando Carrillo declaró el pasado 16 de enero que las graves violaciones a los derechos humanos, los crímenes de guerra y de lesa humanidad atribuidos a los agentes del Estado no prescriben en materia disciplinaria, es decir los procesos siguen vivos.
Según la norma vigente, el Ministerio Público tiene hasta 12 años para investigar y sancionar a los responsables de estas conductas. De no hacerlo en ese lapso, los casos son archivados.
Sin embargo, con esta nueva determinación, no hay cortapisas de tiempo para llegar al fondo de estas investigaciones.
“En honor a las víctimas y en honor a la verdad, el Estado no se resigna a ejercer la potestad disciplinaria y es lo que vamos a hacer”, explica el viceprocurador Juan Carlos Cortés.
Para el viceprocurador Cortés resulta inadmisible, a la luz del derecho internacional, que hoy la Procuraduría otorgue prescripciones a miembros de la fuerza pública investigados por hechos tan graves como los falsos positivos sin antes haber determinado de fondo si eran o no responsables de esos crímenes.
Se reabren investigaciones
El primer coletazo de la inédita decisión de la Procuraduría será la posibilidad de desempolvar varias investigaciones por magnicidios, masacres o crímenes de lesa humanidad en donde hubo participación de agentes del Estado.
Por ejemplo, el asesinato de Luis Carlos galán, perpetrado por el cartel de Medellín, el 18 de agosto de 1989.
Siguiendo esta línea, también podrían revivirse expedientes aún no resueltos en materia disciplinaria como la masacre de los 19 comerciantes en el Magdalena Medio en 1987, la de Segovia en 1988, que dejó 43 muertos; la de La Rochela en 1989, las del Aro e Ituango, en Antioquia, en 1996; y la masacre de Santo Domingo, Arauca, en 1998, entre otras incursiones por las cuales ya fue condenada Colombia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.