Ernesto Samper, miembros de ONG y ciudadanos extranjeros también fueron rastreados por el Ejército

Imágenes de los pasaportes de estas personas aparecieron en los archivos de inteligencia militar que hoy son piedra de escándalo. 

El rastreo ilegal en estos casos no solo incluye los perfilamientos denunciados por la revista Semana, sino las imágenes de los pasaportes con información reservada del expresidente Ernesto Samper Pizano, varios miembros de la ONG que preside Vivamos Humanos, algunos ciudadanos extranjeros y hasta un funcionario del Fondo Monetario Internacional.

La génesis de este proceso se remonta al 18 de diciembre del año pasado, cuando la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana ordenó allanar las instalaciones del batallón de ciberinteligencia de Facatativá. Los archivos extraídos en esa diligencia contienen las pruebas del espionaje contra periodistas, políticos y defensores de derechos humanos.

En esos documentos digitales apareció la imagen del pasaporte del expresidente Samper e incluso se ven los sellos de entrada y salida del país. 

También figuran las imágenes de los pasaportes de Mateo Alejandro Córdoba Cárdenas y Lina María Mejía Torres, quienes trabajan junto al expresidente en Vivamos Humanos, una ONG y centro de pensamiento que trabaja por la paz desde el año 2001. 

Mateo Córdoba es sociólogo de la Universidad Nacional y asesor medioambiental de esta organización. Por su parte, Lina María Mejía es abogada, experta en derechos humanos y consultora en derecho internacional. 

La línea en común de estas tres personas es su trabajo en defensa de los acuerdos de paz y sus proyectos de posconflicto en lugares como el Catatumbo, Arauca y el Pacífico nariñense.

“Aunque no es malo estar en la lista de los que son buenos, no deja de producir cierta sorpresa sobre todo que busquen mi foto en el pasaporte cuando todas las actividades de Vivamos Humanos se cumplen dentro de Colombia”, expresa Samper, dejando ver preocupación. 

Añadió que es muy peligroso para la democracia colombiana que las actividades de inteligencia del país hoy solo las puedan realizar miembros de la fuerza pública y no civiles. 

Como cosa paradójica, hace apenas cinco días, en su cuenta oficial de Instagram, la ONG Vivamos Humanos publicó un mensaje rechazando el espionaje del Ejército a periodistas y exigiendo respeto por el ejercicio de la prensa en Colombia.

Camila Cuasialpud, directora ejecutiva de la organización, lamentó ser blanco de la inteligencia militar. “Estamos dedicados al servicio de Colombia a la construcción de paz y deberíamos tener derecho a la protección de nuestros datos personales y a nuestra información”, afirma.

Noticias Caracol también obtuvo las imágenes de otros pasaportes recolectados por el batallón de ciberinteligencia. Allí figuran el ciudadano español Joaquín Gutiérrez García y la ciudadana argentina Cristina Alejandra Fahile. La Corte Suprema y la Fiscalía buscan establecer quiénes son, si desarrollaron actividades en favor de la paz en Colombia y por qué figuran en los rastreos de los militares.

Por último, está la imagen de Antonio Pancorbo de Rato, cuyo pasaporte, así mencione a Naciones Unidas, revela que sería funcionario del Fondo Monetario Internacional.

En total, se trata de seis civiles con información reservada, todos en los archivos digitales del Ejército.

El penalista y profesor universitario Francisco Bernate señala que es “inadmisible, inexplicable e ilegal que esta información esté en cabeza de las agencias del Estado o de cualquier otro particular”.

¿Para qué necesitaba la inteligencia militar la información reservada de pasaportes de estas seis personas? ¿Desde hace cuánto empezó este rastreo? ¿Quién lo ordenó? La magistrada Cristina Lombana está verificando estas evidencias que le fueron entregadas apenas el pasado lunes 4 de mayo, según consta en registros oficiales.

Aunque inicialmente se tenía previsto que el informe final del allanamiento se entregaría en marzo, esto no fue posible por cuenta de la pandemia delcoronavirusy porque, además, la información obtenida era demasiada.

Prueba de esto es un documento fechado el pasado 10 de marzo en el que Herbert Romero, director de investigaciones especiales de la Procuraduría, le pidió a la magistrada Lombana una prórroga para entregar los resultados de los archivos desencriptados.

Por ahora, la magistrada Lombana revisa con lupa estos hallazgos, mientras el Ejército dice que entregó información a la Fiscalía sobre el caso este lunes y reitera su compromiso con la transparencia. Entre tanto, los civiles espiados reclaman justicia.

En contexto:Las Carpetas Secretas, investigación de Semana sobre los 130 chuzados y “perfilados” del Ejército