El comité de derechos humanos acogió una solicitud del exministro, presentada en 2014, en la que sostiene que se vulneró su defensa.
La decisión del grupo de expertos fue unánime por 18 votos y acogió la teoría del exministro de Agricultura de que el Gobierno colombiano no le había garantizado sus derechos políticos al no permitirle acudir a una doble instancia.
Lo anterior en relación a la condena de 17 años de cárcel que profirió la Corte Suprema de Justicia por el caso Agro Ingreso Seguro.
El Estado colombiano tiene 180 días para definir si acoge o no la solicitud del organismo.
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La defensa del exministro considera que esto también deja en suspenso la solicitud de extradición.
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