¿Por qué apéndices en contratos de concesión de la vía al Llano no consideraron puntos críticos?

En estos se establece que el mantenimiento de la montaña no corre por cuenta del concesionario sino del Gobierno. Contraloría los revisa con lupa.
Las pautas que definen la administración de la vía al Llano están consignadas en dos contratos de concesión: uno de 1994 y otro del 2015.
Por este último, el gobierno Duque señala a su antecesor... la razón: apéndices que si bien establecen puntos críticos en la vía que requieren de atención especial acuerdan que las únicas labores de mantenimiento que tendrá que adelantar el concesionario en dichos puntos son:

• Limpieza de obras hidráulicas
• Sellado de fisuras y grietas
• Reparación de adoquín (en los casos en que se presente)
• Señalización horizontal y vertical

“Por lo menos sí le puedo decir que hubo una falla en la estructuración, calificar algo de doloso ya es casi criminal y no quiero entrar en eso. Lo que le puedo decir es que el contrato, que está firmado hoy, si usted me dice ‘oiga, ¿lo habría firmado usted?’, la respuesta es no. Y es que lo básico es que los puntos críticos no están previstos", dice Manuel Felipe Gutiérrez, viceministro de Infraestructura. Es decir, el mantenimiento de la montaña no corre por cuenta del concesionario, sino por cuenta del gobierno y que hoy exige una inversión de unos 235 mil millones de pesos. Un reparo que la Contraloría también elevó a través de un extenso informe y de una carta enviada al presidente de la ANI, en la que además indicaba dos hallazgos de posible incidencia fiscal por cerca de 2 mil millones de pesos, ocho con posible incidencia disciplinaria y uno con posible incidencia penal. Todo, al estudiar los pormenores de las concesiones en la vía al Llano.
"No se incorporó la atención a los puntos críticos que están identificados en todo el corredor que a día de hoy son 136 y hay priorizados 19 y no se incorporó en las atenciones definitivas respecto a las inestabilidades y taludes que se presentan", señala Martha Martínez, contralora delegada para la infraestructura.
La Contraloría ahora avanzará con un proceso con la delegada de juicios fiscales, para determinar si existe detrimento en los 2 mil millones de pesos referenciados en su auditoría.
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