Van dos años desde la implementación del Código de Policía, ¿en qué ha fallado?

Es agresivo en la parte económica, deja de lado las medidas pedagógicas y hay deficiencia en los parámetros de aplicación, según Fundación Ideas para la Paz.
Entre enero de 2017 y agosto de 2018 se impusieron dos millones de medidas correctivas basadas en el código de Policía. Jerónimo Castillo, director de la fundación, señala que de esa cifra alrededor de un millón han sido las conductas sancionadas, “lo cual quiere decir que ha habido el doble de medidas de sanciones”.
El segundo parámetro del análisis está relacionado con la concentración de las multas: se están dejando de lado las sanciones pedagógicas como el llamado de atención. En cambio, “el código se está volviendo mucho más agresivo en la parte económica y mucho más drástico frente a las conductas”.
Un indicador del estudio es que en solo cinco zonas del país se concentra el 75% de las medidas correctivas: Bogotá, Atlántico, Valle del Cauca, Antioquia y Risaralda.
En términos generales la conducta que más se castiga es la de consumo de consumo de alcohol y porte de sustancias sicoactivas. El siguiente ítem es el porte de armas cortopunzantes, seguido por las rilas en espacio público.
Le siguen irrespeto a la autoridad de Policía, ocupar el espacio público indebidamente, desacatar la orden de la Policía y realizar necesidades fisiológicas en la calle. Solo el 2% está centrado en castigar a quienes evaden el pago del pasaje en el servicio público.
“Aquí en Colombia solemos negociar permanentemente las normas, el cumplimiento de la ley se ve afectado por eso”, opina Castillo.
En la aplicación del Código de Policía en Colombia hay unos grandes ausentes. Primero, el que define la forma de aplicación y los parámetros de discrecionalidad, que son el alcalde y el gobernador.
En segundo lugar, la pedagogía. El ciudadano no sabe que puede tomar el comparendo que le impone el policía e ir donde el inspector y exponerle el porqué si no está de acuerdo. Es este inspector quien definirá si hay medida correctiva.
El analista considera que “se está dejando todo al policía en la calle cuando hay una estructura del Estado que debe responder para que haya una correcta aplicación del código”.
El funcionario de Policía es el representante del Estado que nosotros vemos de manera cotidiana en la calle, enfatiza, y hace la salvedad que “el código no puede volverse un mecanismo para condenar o absolver a la Policía Nacional. La Policía está cumpliendo con los parámetros de la ley”, que no es creado por ellos.
Necesitamos recuperar la gobernanza civil, que está en cabeza de alcaldes, gobernadores, e incluso el presidente de la República, concluye Castillo.
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