Alcohol: detonante de violencia doméstica que divide opiniones entre presidente y vicepresidenta

Duque cree que la clave es autorregularse y Marta Lucía Ramírez piensa que debería prohibirse el consumo. El debate está abierto.

Aunque el presidente de Colombia, Iván Duque, reconoció que el consumo de alcohol es un acelerador de la violencia doméstica, advirtió la dificultad de controlar la ingesta del mismo en los hogares, pues muchos se abastecieron de licor antes de que entrara en vigencia la cuarentena por coronavirus.

Sin embargo, no descartó extender a todo el país una medida preventiva que ya rige en Bogotá: limitar la compra de una botella de alcohol por persona cada vez que va al supermercado. 

No obstante, el mandatario señaló que “muchas veces las familias que quieren pasarse de vivos se distribuyen.  Yo voy al supermercado a las 11:00 a.m., usted va a las 12:00 p.m., a la 1:00 p.m., y terminan todos con cuatro botellas de aguardiente a las 4:00 p.m. en la casa”.

Por su parte, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez es partidaria de prohibir definitivamente el consumo de alcohol en los hogares para evitar la violencia doméstica durante la cuarentena, pues “el alcohol siempre genera violencia. El alcohol siempre es un mal enemigo cuando hay condiciones que realmente son tan propicias para que haya algún tipo de violencia”.

Algunos psicólogos han argumentado que se debe mantener abstención al alcohol ya que, entre otras cosas, “genera pérdida de la conciencia y, por lo tanto, la pérdida del control. También debilita las relaciones interpersonales y quita el diálogo de la familia”.

Para ayudar a las mujeres y niños, que durante la cuarentena son víctimas de algún tipo de violencia, la Sociedad de Activos Especiales puso 173 bienes a disposición de gobernadores de 15 departamentos. En total, son 65 inmuebles y 108 vehículos.

En este mismo sentido, la Red Nacional de Mujeres y el Programa de Justicia para una Paz Sostenible desarrollaron la aplicación ELLAS, que cuenta con líneas y rutas de atención para las víctimas de violencia sexual, intrafamiliar, económica, política, entre otras. 

El número de denuncias aumentó un 79 % frente al mismo periodo del año pasado.