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¿Bajarán las tarifas tras decisión del presidente Petro de regular los servicios públicos?

Aunque las comisiones reguladoras van a seguir funcionando, su propósito central queda en manos del mandatario, quien podrá expedir decretos para bajar las tarifas de servicios públicos.

¿Bajarán las tarifas tras decisión del presidente Petro de regular los servicios públicos?

El anuncio del presidente Gustavo Petro de retomar las funciones que hoy tienen las comisiones de reguladoras de servicios públicos cogió por sorpresa a todos los voceros de este sector. Tal y como el mandatario lo explicó en Duitama, él tiene la potestad para hacerlo.

"Este presidente ha decidido no delegar sus funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos, al menos por un tiempo. Entonces, voy a asumir el control, las políticas generales de administración de los servicios públicos de Colombia, directa y personalmente, en función de lo que la misma ley dice: primero, el interés general y el del usuario", expresó el mandatario.

Lo que sigue tras este anuncio es que se conozcan los primeros decretos para las tarifas de servicios públicos. El presidente tuvo en cuenta para su decisión una reunión en septiembre con las empresas de servicios públicos donde se acordó bajar las tarifas, pero según el Gobierno esto no se cumplió. Otras dudas del mandatario son que con los embalses llenos se cobre $900 por kW cuando el precio era de $200 y que en la Costa Atlántica las tarifas han aumentado un 40%.

El decreto 1524 del año 1994, firmado por el presidente de entonces, Cesar Gaviria, creó las comisiones de servicios públicos y delegó en ellas la regulación de los servicios de energía y gas, el de agua potable y el de las comunicaciones.

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Dicen los abogados que, en derecho, las cosas se hacen como se deshacen, así que si con un decreto el Gobierno delegó esas funciones, con otro decreto puede retomarlas.

De hecho, la Superintendencia de Servicios Públicos dio a conocer el concepto jurídico en el que se afirma que el señor presidente de la República sí puede asumir directamente, vía decreto y de manera completamente constitucional y con todo el amparo legal, la competencia para reglamentar las tarifas en materia de servicios públicos domiciliarios en aras de disminuir los costos con un impacto directo en los ciudadanos.

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Las empresas del sector están en alerta máxima porque para ellas puede venir un cambio en las reglas con las que han invertido grandes sumas de dinero. Hay muchas con capital extranjero de Chile, España, México y otros países. Advierten que podrían venir demandas y que el Gobierno podría terminar espantando nuevas inversiones en estos sectores.

“No estamos preocupados porque asuma esas funciones, lo que pensamos es que es más un anuncio que algo real porque la ministra de Minas es la vocera y la que manda supuestamente en la Creg. Igualmente, tiene voceros como el director de Planeación Nacional y el superintendente de servicios públicos que también está incluido en la Creg y que tiene voz, pero no voto y serían fundamentales que ellos con su vocería llevaran los mensajes y se llevara a cabo a través de la institucionalidad lo que se requiera para esas modificaciones que se tienen que hacer”, indicó Camilo Sánchez, presidente de Andesco.

Sánchez señaló además que “aquí hay que tener en cuenta que hay inflación que fue superior a lo esperado y que no es que se haya incumplido por parte de las empresas sino porque teníamos adicionalmente cantidad de cuentas acumuladas que no se podían haber incorporado a las tarifa. En el mundo sigue creciendo el servicio de energía y gas muy por encima de Colombia. Creo que lo más importante es tomar decisiones que no pongan en riesgo la seguridad financiera y la prestación del servicio”.

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