“Queremos aportar nuestros testimonios, nuestras pruebas técnicas y peritazgos que permitan controvertir lo que se nos imputa en los cargos”, dice Aristizábal.
“Nosotros no somos agentes fiscales. Un agente fiscal es aquella persona natural o jurídica que administra recursos del Estado. En este caso, al consorcio no le dieron anticipo (…) Nos pagan por un servicio o una obra ejecutada, que fue recibida a entera satisfacción por el contratante, que además es el constructor del proyecto. Nosotros somos subcontratistas constructores”, agregó el ejecutivo.
“Nuestra posición es que queremos un debido proceso, queremos probar y demostrar que no tuvimos ninguna falla en nuestras obligaciones contractuales. A nosotros solo nos pueden juzgar en las responsabilidades contractuales”, explicó el presidente de Conconcreto.