Funcionarios que ganan más de $10 millones piden tumbar impuesto solidario que cobran por COVID-19

El impuesto solidario fue fijado en el decreto 568 y se aplica a trabajadores públicos, contratistas y pensionados.

Funcionarios que ganen entre $10 millones y $12,5 millones deberán aportar el 15% de su salario, aquellos con salarios entre $12,5 millones y $15 millones tendrán que aportar el 16%. A los que estén en el rango de $15 millones y $20 millones se les aplicará una tarifa del 17% y los superiores a los $20 millones, una del 20%.

Con este impuesto, el Gobierno espera recaudar 287 mil millones de pesos:

• $150.700.000 de servidores públicos.

• $42.100.000 de trabajadores por prestación de servicios.
• $94.200.000 de pensionados.

Sin embargo, el cobro, que se implementó desde el primero de mayo y va hasta el 31 de julio, provocó que la Corte Constitucional recibiera una cascada de argumentos que pidieron declarar inexequible el decreto gubernamental.

Es el caso de Asonal judicial, gremio que reúne a los jueces, que en voz de su presidente Luis Fernando Otálvaro dice que desconoce “la carta política, que prohíbe que se le imponga a través de los decretos de emergencia nuevas cargas tributarias a los trabajadores”.

Anselmo Gómez, de la Federación Nacional de Pensionados Portuarios, dice que no oponen a contribuir, pero esperan que el presidente Iván Duque intervenga para que cada uno de sus afiliados, “de manera voluntaria en su nómina de pago, hagamos el aporte que todos queremos hacer a los necesitados de este país” por la pandemia del coronavirus.

Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, también considera que el decreto del impuesto solidario “es inconstitucional porque vulnera derechos que tienen los trabajadores y en los estados de emergencia no se pueden menoscabar los mismos; segundo, porque además quebranta esos derechos adquiridos que tienen esos trabajadores y los funcionarios del Estado”.

El Gobierno precisó que a los empleados del sector privado no se les aplicó el gravamen porque bajo el criterio de proporcionalidad el empleo en ese sector se puede ver más afectado por la crisis económica del COVID-19, mientras que en el sector público se han mantenido puestos de trabajo y contratos.

Respecto al cobro a pensionados dijo que ellos tienen garantizado su ingreso mes a mes.