A partir del 1 de enero se volverá a cobrar el impuesto al consumo, que es del 8%, en restaurantes, según anunció la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Pero para cobrarlo, los negocios de comidas y bebidas deben cumplir con lo siguiente:
“Realicen la autorización del registro único tributario con la responsabilidad 33 para el caso de las personas naturales a quienes superen los topes. Y, para el caso de las personas jurídicas, deben hacerlo obligatoriamente agendando cita a través de nuestra página web”, explicó Adriana del pilar Solano Cantor, subdirectora de Registro Único Tributario.
El impuesto al consumo aplica para comidas y bebidas que sean preparadas en el establecimiento. Por ejemplo, si un plato de comida le cuesta $50.000, con el incremento del 8% le quedará en $54.000.
Mary Robles es propietaria de un restaurante de régimen simple y asegura que el próximo año tendrá que pensarlo dos veces antes de contratar más empleados.
“El comercio esperaba que se suspendiera, pues ya que el año entrante va a haber una cantidad de incrementos, el IVA, hay un incremento en materias primas superaltísimo, va a haber un desempleo, pienso yo terrible, también”, comentó la mujer.
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La industria gastronómica ve con preocupación el que se haya decidido retirar este alivio, que nació en la pandemia para reactivar la economía.
“Estamos en un entorno de inflación donde no solamente suben de manera permanente el costo de los alimentos que es nuestra principal materia prima, sino de servicios públicos y de arriendos. Además del ajuste que debemos hacer del salario mínimo del 16%”, señaló Guillermo Gómez, presidente de Acodres.
Aseguran que es insostenible subir los precios de las cartas al ritmo que aumentan los costos, pues los clientes del sector gastronómico son muy sensibles a la subida de precios.
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“Desde 2021 suplicamos al gobierno la necesidad de implementar una herramienta tributaria de competitividad que hiciera que el hipoconsumo regresara de manera progresiva y no con tarifa plena”, indicó
Los comercios que no cumplan con esta obligación estarán sujetos a sanciones como prisión de 48 a 108 meses y multa equivalente al doble de lo no consignado.
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