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Industria minera en Colombia: ¿un negocio solo para los empresarios?

Aunque el país es rico en recursos mineros, estas regalías no llegan a las arcas del Estado como deberían. Además, los proyectos a gran escala se enfrentan a la oposición de pobladores de las zonas y de ambientalistas. Urge reformular su política para que este negocio dé más que lo que quita.

La pandemia del coronavirus, sin proponérselo, le ha dado un respiro al planeta y parecería haber creado también una reflexión global sobre la importancia de preservar el medio ambiente.

Si queremos salvar la Tierra, este es el momento de alejarse paulatinamente de los combustibles fósiles y sus derivados como el indestructible plástico y dar un gran salto hacia las energías limpias como la solar y la eólica.

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Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo, pues la producción colombiana en energía no convencional ya sea solar o eólica está en pañales y representa tan solo el 0,13% de la energía nacional.

La realidad indica que seguiremos dependiendo por un buen tiempo de las energías fósiles como el gas y el petróleo.

En estos momentos, la industria petrolera del país está en cuidados intensivos. Desde hace 40 años no se han descubierto pozos petroleros de importancia y la inversión extranjera que llegó a los 8 mil millones de dólares al año hoy no llega ni a los 2 mil millones.

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A diferencia del pasado, los proyectos mineros hoy crean controversia y también oposición por parte de la ciudadanía.

Es el caso de las manifestaciones para preservar el páramo de Santurbán en Santander, en donde las grandes mineras buscan explotar el oro a gran escala.

“En Santurbán se ha sacado oro desde antes de la llegada de los españoles. En el siglo pasado, los habitantes de los municipios de Vetas y California siguieron la tradición con una minería artesanal de subsistencia. Pero desde hace 20 años ha llegado la minería a gran escala, que tiene objetivos a corto plazo, lo que genera en poco tiempo graves alteraciones al ecosistema que impiden su regeneración. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales archivó hace poco el proyecto de la empresa Minesa por tener varios vacíos en su estudio de impacto ambiental, que por ahora no es aceptable”, explica Alicia Rojas, bióloga y profesora universitaria.

Otro proyecto minero que genera controversia es el de La Quebradona, en el municipio de Jericó, en Antioquia. Allí se encontraron grandes reservas de cobre en el 2015.

Colombia, un país de enorme riqueza ambiental en riesgo de desaparecer

El desarrollo tecnológico ha generado una creciente demanda en el mundo por el cobre y los promotores del proyecto estiman que generaría entre 300 y 400 millones de dólares en exportación, también generará 120 millones de toneladas de desechos o relaves, que formarían una montaña de 100 metros de altura.

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La minera Anglo Gold Ashanti espera obtener una licencia ambiental de la ANLA para el proyecto, que afectara 36 hectáreas a una profundidad de 360 metros y generara 120 millones de toneladas de relaves o desechos, que formarían una montaña de 100 metros de altura.

Los opositores del proyecto temen que el municipio de Jericó cambie su vocación agrícola y turística para convertirse, por no menos de 38 años, en un distrito minero.

El proyecto minero ha generado divisiones en el municipio pero el alcalde de Jericó lo apoya.

Para nadie es un secreto que la minería puede causar graves daños ambientales y afortunadamente Colombia no es un país minero. Pero el mapa de las licencias activas en etapa de exploración es tan aterrador como el del coronavirus.

Y aun peor es el de las solicitudes de licencias ambientales.

El sector minero pesa en nuestra economía y representa el 20% de las exportaciones y el 20% de las regalías que percibe la Nación. Pero la minería se ha desarrollado como una rueda suelta de nuestra economía y el que pierde casi siempre es el Estado.

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Un reciente estudio presentado en el Foro Nacional Ambiental sostiene que, a pesar de los altos precios del oro, Colombia no recibe dividendos importantes por él.

En materia de impuestos en el periodo 2014-2018, por cada mil pesos de aporte al producto interno bruto, el oro pagó 30 pesos de impuesto sobre la renta, la industria manufacturera 44 pesos y el petróleo y gas, 108 pesos. Tres veces más que el oro.

En cuanto a las regalías, entre el 2014 y el 2019, el petróleo y el gas aportaron un promedio anual de 5,8 billones de pesos, el carbón, 1,6 billones; el níquel, 106 mil millones y el oro, 152 mil millones.

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El oro, el metal más preciado, paga, inexplicablemente, regalías más bajas que el petróleo y el gas. Estamos regalando nuestro oro en el momento de su mayor valor, pues por cuenta de la pandemia los inversionistas y los bancos centrales de los países se refugiaron en él.

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Además la institucionalidad no logra controlar la gigantesca evasión fiscal del sector minero. Tenemos que despabilarnos y cambiar las reglas de juego de la minería, pues como está el negocio es solo para los empresarios y no para el país.

Muchos son los retos ambientales que tiene el país en el inmediato futuro. Tenemos que enfrentar temas cruciales como la deforestación, los proyectos mineros, la defensa de los páramos, y las posibilidades de la fumigación con glifosato de los cultivos ilícitos y del fracking para extraer gas y petróleo.

Colombia está en una encrucijada ambiental. Lo que se haga o no se haga ahora va a definir la suerte de Colombia y de la vida humana en nuestro país por las próximas décadas.

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