“A los sapos no les va bien”: las escabrosas revelaciones de militares sometidos al polígrafo

Estos son los documentos secretos de la operación Bastón, la operación de contrainteligencia militar que descubrió que al menos 16 generales del Ejército andaban en malos pasos.

El documento guía, en poder de Noticias Caracol, cita al emperador romano Julio Cesar: “Aprecio el hombre del honor más de lo que le temo a la muerte”.

Allí se traza toda la metodología y matriz de riesgos sobre la seguridad nacional, incluso en una diapositiva con la foto del presidente Iván Duque se justifican las pesquisas de contrainteligencia en la lucha contra la corrupción en las filas castrenses.

Misión Gavilán

Fue con esta operación que se descubrió que el general (r) Jorge Horacio Romero Pinzón había convertido la cuarta brigada del Ejército en un botín de contratos para enriquecerse y que, al parecer, se benefició del tráfico de permisos de armas de fuego.

Aunque apenas hace nueve meses fue detenido, desde abril de 2016 contrainteligencia le seguía los pasos.

En la página cuatro del documento se registra: “Se tiene conocimiento de que el señor general y varios suboficiales estarían participando en actividades de corrupción administrativa por medio de influencias en cargos sensibles para la actividad, cobros de dinero de permisos especiales y apropiación de recursos y otras partidas especiales”.

En el mismo reporte aparece una infografía del caso, los contactos del alto oficial y los primeros hallazgos de contrainteligencia. Un seguimiento milimétrico a todos sus movimientos. En otro documento se construye una línea de tiempo de estos rastreos.
En enero de 2017 una fuente protegida relató cómo era el negocio de la venta de armas en la cuarta brigada y para abril de ese año se documenta que, por cada permiso para porte de armas, subalternos del general cobraban sumas que iban de 2 a 6 millones de pesos. Una investigación que muy pronto determinó el mapa de riesgos para el Ejército.

Romero era entonces sospechoso de abuso de autoridad, concusión, desviación de recursos e irregularidades administrativas.

Las evidencias cada vez eran más graves, por lo que el batallón de contrainteligencia militar diseñó un plan de trabajo para descubrir todos los tentáculos de esta red de corrupción. Cientos de documentos, entrevistas y pruebas de polígrafo fueron marcando la ruta de los investigadores.

Pero alguien le avisó a Romero. Incluso uno de los oficiales que lo investigaba, el mayor Vargas, denunció que el general comenzó a perseguirlo.

“El mayor Vargas señala que en abril de 2017 fue seleccionado para hacer curso de capitán a mayor, pero que después fue excluido y que el general Jorge Horacio Romero, en un consejo de seguridad en Buriticá, le dijo que se le iba a tirar la carrera, que por eso lo habían sacado del curso. Con esa amenaza trató de intimidarlo para que no denunciara los hallazgos en contratos”. dice el informe.

Pese a las retaliaciones, la investigación continuó.

El expediente secreto consigna entrevistas con testigos protegidos, fotografías de las actividades desarrolladas y de los enlaces ilegales, además de una completa bitácora de hallazgos.

Luego se constató que el general Romero había ordenado archivar las indagaciones que cursaban contra los oficiales que hacían parte de su red de corrupción. Es decir, se absolvía a sí mismo.

Hoy afronta un juicio por corrupción administrativa, mientras los demás descubrimientos de contrainteligencia siguen esperando la judicialización de las autoridades. Entre tanto, romero insiste en su inocencia y ya le pidió a la justicia que lo deje en libertad alegando que no es un peligro para la sociedad.

Los hallazgos de la operación Bastón

Noticias Caracol también conoció las pruebas de polígrafo de varios oficiales y suboficiales de la cuarta brigada que reconocieron ante militares de contrainteligencia muchas irregularidades en esa unidad y en otras por las que pasaron.

Todos esos reportes los descubrió la operación Bastón. Aquí algunas de esas confesiones.

En decenas de diapositivas aparecen los informes sobre posibles vínculos de oficiales con grupos ilegales, montajes de operaciones, microtráfico, robo de combustible, corrupción en convenios y hasta vínculos con la mafia.

Un oficial que no pasó la prueba del polígrafo contó “cómo un comandante del batallón de infantería, entre 2013 al 2015, recibió propuestas irregulares de algunos militares (...) Al parecer estaban orientadas al narcotráfico y ubicación de caletas de bandas criminales del Meta y Vichada”.

Otros narraron cómo se robaban mensualmente la plata de la gasolina en la brigada: “Esos $15.600.000 eran legalizados sobre los libros de combustible y vales de falsos tanqueos, los cuales eran firmados por varios soldados (...) Los que se negasen a esta petición del mayor y el capitán eran sacados de la sección de transportes”.

“Con la partida de combustible se presentaron irregularidades ya que cuando iban a firmar el libro de legalización, tanto a él como a los demás conductores, les hacían firmar por una cantidad de galones superior a la que gastaban”, reconoció otro.

En los polígrafos también se evidenciaron extorsiones para permitir contratos en la brigada.

“Manifestó tener conocimiento de malos manejos administrativos por parte de dos coroneles (…) En una ocasión la administradora de la papelería le dijo que se encontraba aburrida ya que le exigían el 15 % del valor del contrato de $120 millones”.

Incluso se reveló el modus operandi para cobrarle a una tienda que vende fritos y jugos a soldados. Cobraban por empanada.

“Cada producto es entregado a la tienda por $900, pero estos deben ser facturados por un valor de $1.100. El excedente de $200 se lo tienen que entregar personalmente al señor teniente coronel, quien al mes estaría recibiendo la suma aproximada de $1.800.000”.

Así mismo, se feriaron dineros de gastos reservados. A las fuentes les pagaban menos, pero les facturaban más en los libros contables. “El señor capitán consignaba los apoyos de los agentes de inteligencia (...) Por ejemplo, si eran $500.000 les ordenaba devolverle $200.000”.

Uno de los militares admitió en el polígrafo que jamás denunció las propuestas ilegales de uno de sus compañeros en la brigada y así justificó su silenció: “A pesar de haber conocido esta situación, no lo informó a ninguna persona porque, según sus propias palabras, ‘a los sapos no les va bien’”.

Sobre narcotráfico, algunos uniformados dieron detalles escabrosos.

“Comentó tener conocimiento de una pista clandestina entre los municipios de Salaquí y Cacarica, donde despegan aeronaves con cocaína supuestamente hacia Estados Unidos, donde al parecer pelotones que se encuentran sobre el sector reciben dinero por dejar realizar esa actividad”.

“El soldado manifestó que actividades ilícitas como transportar sustancias ilegales en los carros del Ejército se realiza desde hace varios años”.

En los reportes de contrainteligencia también quedó constancia del mal manejo que se da a las armas sin que se establezca su destino.

La lista de irregularidades parece interminable.

Todos estos hallazgos de la operación Bastón están hoy en poder del Ejército, entretanto el ministro de Defensa asegura que no le temblará la mano para tomar medidas.