La respuesta de la fuerza pública en el paro estuvo manchada por los abusos y los excesos. Lo constatan las mismas autoridades, como la Defensoría del Pueblo que, entre las casi 30 muertes en el marco de las protestas, señala a la Policía como el presunto responsable en al menos 11 casos.
El volumen de denuncias superó cualquier precedente. Las redes sociales se inundaron de cientos de videos que registraron los excesos grabados por la ciudadanía.
Un incidente muy grave y que se repitió a lo largo del paro, especialmente en Cali, fue que la Policía usó armas de fuego para controlar los disturbios, violando los protocolos. Así lo muestra, por ejemplo, uno de los videos captado al occidente de la capital vallecaucana el 28 de abril, al comienzo de las manifestaciones.
En medio de las decenas de casos de ciudadanos muertos y heridos, se avecina un debate controversial ¿quién va a impartir justicia?, ¿la jurisdicción penal militar o la ordinaria?
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“Graves violaciones a los derechos humanos, comportamientos que sean manifiestamente ajenos a la prestación del servicio no le corresponden a la justicia penal militar, sino a la ordinaria”, indicó Gerardo Barbosa, abogado y experto en temas de seguridad.
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Noticias Caracol conoció que los jueces penales militares ya abrieron por lo menos una decena de investigaciones preliminares en contra de miembros de la fuerza pública.
El listado lo encabeza el caso de un joven de 17 años, Marcelo Agredo. El 28 de abril se convirtió en la primera muerte en desatar la indignación ciudadana por los evidentes excesos policiales.
“Mi niño falleció allí a consecuencia de un tiro que le metió un agente de Policía. Mi hijo atacó al policía de una patada, pero no era conveniente de que me le disparara a quemarropa a quitármele la vida”, dijo Armando Agredo Bustamante, padre del joven.
Marcelo murió en el barrio Mariano Ramos de Cali , después de recibir un disparo por la espalda.
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“Todas las normas dicen que una persona con un arma de fuego, pistola o cuestiones por el estilo, no deben de disparar contra una persona indefensa que no tiene nada en la mano. No es posible que el policía me le quite la vida a mi hijo. Quiero que esto se aclarezca y no quede impune”, aseguró Agredo.
Los jueces penales militares también están indagando por la muerte de Einer Alexander Lasso Chará, en el barrio El Diamante, de Cali. Habría recibido un impacto de arma de fuego, al parecer, por el grupo de operaciones especiales de la Policía.
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Según los testigos, Lasso era un pensionado de la Policía que salió a la esquina de su casa a ver la marcha cuando le dispararon.
La jurisdicción militar también investiga los casos de Lady Natalia Cadena Torres, una estudiante universitaria de 22 años, que perdió la vista del ojo izquierdo por un artefacto disparado por el Esmad y el de una joven en Pasto, que fue herida por una ojiva de gas lacrimógeno el 28 de abril.
Un juez penal militar ordenó la primera captura de un uniformado por los casos del paro. El mayor de la Policía Carlos Javier Arenas Niño deberá responder por el homicidio de Bryan Niño, un joven que fue alcanzado por una bala al parecer disparada desde una tanqueta, durante las marchas del primero de mayo.
“En el caso de los sucesos que han venido ocurriendo, yo creería que las fuerzas armadas, fuerzas militares y Policía Nacional son las primeras interesadas en no generar impunidad respecto de sus miembros que hayan realizado comportamientos manifiestamente ilegales”, dijo Barbosa.
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La Fiscalía ha señalado que tiene indicios contra uniformados en tres homicidios.
La organización Temblores, por su parte, se ha dedicado a registrar los abusos durante el paro. Ha contabilizado alrededor de 2.000 denuncias de violencia policial y, entre esas, 98 casos de disparos con armas de fuego. Alejandro Rodríguez, coordinador de la plataforma de denuncias, cataloga este escenario como una crisis de derechos humanos.
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“También toda esta práctica que va en contra de cualquier derecho internacional humanitario y en contra de la normativa nacional en la que los policías están asistiendo a protestas con armas de fuego y esto no es un capricho de los defensores de derechos humanos, sino que hace parte de una normativa nacional e internacional. Lo que pasa es que la Policía no está diferenciando de manifestantes y personas que cometen otro tipo de delitos y básicamente está abriendo fuego contra los manifestantes”, aseguró Rodríguez.
Además de las muertes y heridas por armas de fuego, la ciudadanía también registró golpizas a ciudadanos en estado de indefensión en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín o Bello.
Y también el uso de gases y armas no letales que eran disparados directamente a los ciudadanos y a cortas distancias, violando los protocolos del uso de esos artefactos.
Pero los mismos videos ciudadanos también registraron la violencia con la que algunos manifestantes, minoritarios frente a la mayoría de las personas que protestaron pacíficamente, la emprendieron contra las autoridades. Más de 700 uniformados han resultado heridos en las manifestaciones, la mayoría de ellos fueron agredidos con objetos como piedras o palos, pero también hay diez heridos con arma de fuego.
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El uso de pistolas por parte de los civiles, en medio del paro, ha sido una de las situaciones más alarmantes.
El nivel de violencia de algunos de esos ataques es uno de los puntos de partida para que la Fiscalía haya dicho que entre los manifestantes se han infiltrado organizaciones criminales, incluso el ELN o las disidencias de las FARC.
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Algunos policías también sufrieron golpizas y hay 18 heridos con explosivos u objetos incendiarios.
El hecho más grave contra la Policía fue sin duda el asesinato del capitán Jesús Solano, en Soacha, en un caso por el que la Fiscalía ya capturó a tres sospechosos.
Por: Ricardo Calderón
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