Caso Santrich: Departamento de Justicia de EE. UU. defiende la operación y lanza una pulla a Petro

El 15 de diciembre la jueza Valerie Carproni, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, dictará sentencia contra Fabio Younes, el empresario extraditado en el llamado caso Santrich. Él aceptó su responsabilidad por haber hecho parte de una asociación ilegal para traficar cocaína hacia los Estados Unidos. La decisión es clave, pues mientras en Estados Unidos se define cuánto deberá pagar Younes por los cargos de narcotráfico, en Colombia, desde el mismo Gobierno, se cuestiona la legalidad de la operación antidrogas la cual es calificada como un entrampamiento al proceso de paz con las FARC.

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“En materia de la verdad se redactaron unos principios sobre los cuales se creó la Comisión de la Verdad y no lo hice solo, me acompañó un guerrillero entrampado y asesinado, Jesús Santrich, una circunstancia sobre la cual están recayendo todos los días más investigaciones. Lo menciono públicamente porque lo ha hecho el presidente Petro”, señaló el canciller Álvaro Leyva en una intervención el 24 de agosto 24.

Noticias Caracol conoció una carta enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Corte de Nueva York en la que asegura que la naturaleza y las circunstancias del delito "ameritan una sentencia significativa" dentro de los rangos establecidos. Según el acuerdo de culpabilidad de Younes, la condena deberá ser calculada en un rango que va entre los 168 y 210 meses de prisión, con una sentencia mínima obligatoria de 60 meses, es decir, cinco años.

"Cada dosis de cocaína que intentó distribuir merece castigo (...) El daño que causa una tonelada de cocaína es casi incalculable. Las vidas afectadas, las familias afectadas, las comunidades afectadas por drogas de ese tipo y ese volumen es impresionante", dice la misiva.

La importancia de este pronunciamiento radica en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pide no solamente tener en cuenta la gravedad de los delitos para tasar la pena. También pide que la jueza tenga en cuenta la necesidad de enviar un mensaje disuasorio a las personas que siguen el camino del narcotráfico y recalca la importancia de hacerlo en el marco de un caso como este, que ha tenido un amplio cubrimiento mediático y que ha provocado declaraciones públicas del actual presidente de Colombia.

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Es llamativo que el documento cite este trino publicado por el presidente Gustavo Petro el 23 de agosto: "Mi último debate en el senado de la República consistió en demostrarle al país que habían entrampado la paz con el caso Santrich; que habían fabricado las pruebas. Entrampar la paz significaba que volvieran a las armas miles de personas", señaló el primer mandatario.

Acto seguido, el Departamento de Justicia advierte que esta investigación continúa siendo monitoreada de cerca en Colombia y que el caso amerita que la justicia estadounidense siente un precedente.

En nueve páginas, el Departamento de Justicia se dedica a darle plena validez a la operación llevada a cabo en Colombia y que contó con la ayuda de dos colaboradores de la DEA y un oficial encubierto, que se hicieron pasar como miembros del Cartel de Sinaloa para negociar cargamentos de drogas.

"Fabio Younes buscó negociar y llevar a cabo una conspiración que uniría a las FARC y el Cartel de Sinaloa y daría lugar a la distribución de toneladas de veneno a esta comunidad", dice el documento. Y agrega que, para entrar en la negociación ilegal, Younes dijo tener una relación de vieja data y para diferentes fines con las FARC y con la organización terrorista de Hezbolá.

Younes, dice el documento, fue quien sentó en esta negociación de narcotráfico a Marlon Marín, sobrino del hoy jefe de las disidencias de las FARC Iván Márquez. "Para probar sus conexiones, Younes invitó a Marlon Marín, su eventual coacusado, a unirse a ellos en su reunión, y presentó a Marín a los colaboradores como pariente cercano de Iván Márquez, uno de los líderes de las FARC".

El Departamento de Justicia señala que Marlon Marín, durante la negociación de la droga, afirmó que: "la cocaína más pura era de Tumaco, que había hablado con el “jefe de allá” y que Márquez y él solicitarían la muestra y la enviarían a Bogotá para entregarla a los colaboradores".

Por la muestra, señala el Departamento de Justicia, se pagaron 22 millones y medio de pesos a Younes, a Marín y a Armando Gómez, el tercero de los socios que fue extraditado y que está pendiente de sentencia previa aceptación de los cargos.

En el minuto a minuto de la operación, el documento precisa que la entrega de los 5 kilos de cocaína de alta pureza se llevó a cabo 1 de noviembre de 2017 en un hotel de Bogotá y que la droga fue entregada por Armando Gómez, como lo demuestran estas fotos.

El negocio ilegal

Pero el negocio ilegal habría ido mucho más allá. Contemplaba la entrega de 1 tonelada de cocaína por la que se pagarían 15 millones de dólares. En dos de las reuniones participó Jesús Santrich, muerto en Venezuela a mediados del año pasado. Una tercera parte de este dinero se alcanzó a entregar en una operación controlada en Estados Unidos a Vincent Shifano, un norteamericano con raíces italianas hoy condenado por estos hechos.

"Un colaborador y un oficial encubierto se reunieron nuevamente con Schifano y le dieron acceso a un automóvil que tenía una maleta grande y abierta en el maletero que contenía $5 millones en moneda estadounidense falsa", dice la carta.

Aunque Younes intentó defender su inocencia hasta último momento, el 3 de mayo de este año aceptó su responsabilidad en uno de los tres cargos de narcotráfico por los que es acusado. En las próximas semanas se conocerá el montó definitivo de la condena que tendrá que pagar por uno de los casos más sonados en Colombia en los últimos años.