En medio de uno de los paros más grandes y convulsos en la historia reciente, los defensores de Derechos Humanos del país tienen un ojo puesto en las calles y otro en la Corte Constitucional. Este alto tribunal se convirtió en el escenario de un insólito choque que puso en alerta a las organizaciones sociales de Colombia y el mundo.
En el centro de la controversia está la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que hace un año fue hallada responsable de vulnerar el derecho al buen nombre de la Brigada XVII del Ejército cuando denunció públicamente la supuesta connivencia de sus miembros con el paramilitarismo en el año 2018.
“Como Comunidad de Paz dejábamos no solo denuncias a nivel internacional, porque no se hace a través de la Fiscalía, sino constancia de todo lo que estaba pasando, del exterminio a la comunidad, de cómo estaban intentando infiltrar a la comunidad con grupos paramilitares, reclutamiento de jóvenes en la zona y todo el conocimiento de la Fuerza Pública, de la Policía de Urabá y especialmente de la Brigada XVII, cuando hay una base militar en el casco urbano de San José de Apartadó. Allí se planeaban hechos como el atentado en el 2017 a mi persona y a José Roviro López”, dijo Germán Graciano Rosso, representante legal de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
A través de su página web, la comunidad emitió varios comunicados en donde señalaba hechos presuntamente delictivos y pedía que las autoridades los investigaran y sancionaran. “Son claramente protegidos por la Brigada XVII del Ejército y por la Policía de Urabá, instituciones que hoy están conviviendo con los paramilitares en el casco urbano de San José de Apartadó”, señalaba uno de los mensajes.
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”La Corte lo que le ha dicho a la Comunidad de Paz es que no puede volver a hacer señalamientos contra la Brigada XVII, sobre sus vínculos con el paramilitarismo hasta que no existan sentencias en firme. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que la comunidad ha sido víctima de más de 300 asesinatos en su contra y solamente un caso ha recibido justicia. ¿Qué implica? Que hasta que no existan sentencias en firme, la comunidad de paz no podrá volver a denunciar”, aseguró el abogado defensor de Derechos Humanos Jorge Molano.
Críticas al fallo
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Una sala de revisión de la Corte emitió el fallo que fue cuestionado por la Comunidad de Paz, organización campesina respaldada por Naciones Unidas, Amnistía Internacional y más de 40 organizaciones europeas de Derechos Humanos.
”Es condenarnos a la muerte porque si no se puede denunciar, si no se tiene el derecho a la libre expresión, para nosotros las víctimas, nuestra protección ha sido la voz, la palabra, no callarnos. Es muy triste para Colombia, especialmente fallos de estos que atentan contra la libre expresión a los derechos humanos”, aseguró Germán Graciano Rosso.
Fernanda Doz Costa, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, cuestionó por su parte que si las organizaciones colombianas no pueden denunciar las sospechas a las violaciones de derechos humanos, entonces cómo se van a iniciar estas investigaciones. “En este contexto actual de paro nacional, donde las organizaciones de la sociedad civil están denunciando casi 40 casos de homicidios por parte de la fuerza pública del Estado y un montón de otras violaciones a los derechos humanos, imagínese si podemos estar denunciando”, cuestionó.
La Corte lo que ha impuesto con la sentencia que se pide la nulidad es una mordaza a las víctimas para denunciar los crímenes cometidos por personal de la fuerza pública”.
La Comunidad de Paz se autoproclamó como neutral frente al Ejército, la guerrilla y los paramilitares para evitar que la población civil quedara en medio del fuego. Veinticuatro años después, con la guerra todavía golpeando, lo que consideran una mordaza a la libertad de expresión llegó por cuenta de un fallo judicial que, reclamaron, fuera anulado.
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“Si las comunidades no pueden denunciar sus sospechas de que hay grupos armados ilegales ingresando a sus territorios y que las ponen en peligro, cómo haría la Defensoría del Pueblo para hacer las alertas tempranas, cómo haría la justicia para investigar las violaciones de Derechos Humanos”, anotó Doz Costa.
Este jueves, cinco magistrados tomaron la decisión de derrotar la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que señalaba que "exigir como requisito para denunciar que haya sentencias condenatorias es desproporcionado a la libertad de expresión, excede los estándares jurisprudenciales y es una carga "excesiva e injustificada".
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El magistrado Ibáñez también cuestionó que se haya omitido decisiones judiciales que en el pasado condenaron la complicidad de militares y grupos paramilitares que actuaron en Urabá para violentar a la Comunidad de Paz. Así mismo, el documento controvierte que se haya atribuido las denuncias publicadas a la desconfianza y el resentimiento de las comunidades. Por el contrario, señala que la comunidad estaba transmitiendo alertas de habitantes de la zona.
Los paramilitares están permanente, de civil, con arma corta, regando panfletos al frente a la finca La Holandita, todas las insignias dicen AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) en el lugar donde están la Policía y los militares”.
Mientras en la Corte Constitucional resuelve este asunto de suma importancia para la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, allá, en Urabá, sus integrantes siguen resistiendo la arremetida de los violentos.
Hay que señalar que esta es una decisión de tutela que involucra solamente a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Sin embargo, las organizaciones Derechos Humanos cuestionan cuál será el impacto que tendrá a futuro para el trabajo que realizan a diario con la ciudadanía.
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