Una de las características del pueblo arhuaco es el consenso en las decisiones que toman, pero la elección de Zawarwico Torres como gobernador del cabildo generó una división nunca antes vista en los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Fue elegido por 19 de los 60 asentamientos. Una gran parte piensa que no está preparado para el cargo y señala al Ministerio del Interior de acelerar su proceso de elección.
“Acelerar esto a través del Ministerio del Interior, del Director de Asuntos Étnicos, sin una verificación plena si realmente estábamos todos de acuerdo o no”, manifestó Leonor Zalabata, mayor líder de derechos humanos.
Por eso, decidieron instaurar una acción de tutela contra el Ministerio del Interior, porque consideran que está interfiriendo en la autonomía del pueblo arhuaco.
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“Estamos solicitando una tutela que determine dejar sin efectos ese registro que se otorgó a uno de los sectores en el conflicto interno en el pueblo arhuaco, que lo deje sin efecto para que nosotros tengamos el espacio para entrar a resolver conjuntamente y mediante el consenso llegar a una solución”, explicó Rubiel Zalabata, abogado y lingüista.
Jenny Ortiz, investigadora del CINEP, ONG que sigue de cerca este proceso, dijo que se presentaron hechos irregulares en la elección de Zawarwico:
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“Estamos hablando del caso de Gelver Zapata, estamos hablando del cabildo gobernador, que fueron tomados por la fuerza el 14 de agosto. Los sacaron de Casa Indígena Valledupar, 30 semaneros, indígenas y no indígenas, y fueron llevados atados a un carro, golpeados, luego interferidos por la Policía, algunos de ellos tuvieron que ser llevados a un hospital durante el proceso de la denuncia. El fiscal no levantó cargos contra estos”.
Denuncian irregularidades en el proceso
Para los consejeros mayores, el tema de fondo, más allá de la elección irregular, es qué intereses representa el nuevo gobernador y quién ronda los territorios indígenas.
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“Estamos amenazados por licencias ambientales, por estudios mineros, estamos amenazados por el fracking, y allí hay una tensión dentro del pueblo arhuaco en donde el Gobierno no ha tenido voluntad política para definir esta situación”, denunció Leonor Zalabata.
Hasta ahora, ellos se han opuesto a solicitudes mineras y la ampliación de zonas extractivas cumpliendo un mandato ancestral: conservar los recursos naturales, esos son los procesos que están en peligro, dice el consejero Gelver Zapata.
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“Sabemos que hay una intención, más allá de solucionar el problema político del pueblo arhuaco, de interrumpir esos procesos y quizás eso, más la situación que estamos viviendo en estos momentos, nos está causando una preocupación enorme por la situación no vista en el territorio y en nuestra organización”.
Para el Ministerio del Interior no ha habido interferencia en la autonomía de los pueblos indígenas.
“Nosotros no interferimos en los procesos de autonomía indígena. En el marco de todo el proceso de revisión que se hizo, se identificó que se cumplía con lo que nos plantea la constitución y la ley, se toma la ley de ratificar la resolución en la cual se posesiona el señor Zawarwico Torres como gobernador”, indicó Fernando Aguirre, director de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior.
Frente a la misma resolución dicen que un juez les dio la razón.
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“Es importante tener en cuenta que se podía apelar con un recurso de reposición en los 10 días de expedido el documento, el cual no se hizo. Posteriormente, se interpuso una tutela contra el Ministerio del Interior, la cual ya fue fallada por el juez que le da la razón al Ministerio del Interior para la decisión que se había tomado en este caso", anotó Aguirre.
La decisión del juez fue apelada por las organizaciones indígenas. Entre tanto, en la zona surgen nuevos problemas.
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La situación de orden público y de seguridad para los líderes sociales e indígenas se pone cada vez más compleja si se tiene en cuenta la aparición en los últimos días de un nuevo grupo paramilitar en la zona, que se autodenomina Autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada.
Pero no es la única amenaza, desde el campo jurídico también hay embates para tumbar una ley que protege a estos territorios ancestrales, cuenta la investigadora del CINEP.
“Es la implementación del decreto 1500, este decreto fue demandado por Jéfferson Dueñas, este señor representa a gremios muy poderosos de la región, familias muy poderosas y es un decreto que busca blindar la protección integral del territorio frente a intereses económicos de carácter extractivos, legales e ilegales porque es que estamos hablando de los dos tipos de economías”, sostuvo Jenny Ortiz.
Y eso es lo que temen los consejeros mayores, que sus territorios terminen convertidos en campos de batalla por la lucha de los recursos.
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“Sospechamos que si el presidente Duque considera que la reactivación de la economía va a ser a través de la explotación minera en Colombia y sabe que los territorios indígenas siguen siendo protegidos y conservados por nosotros, pueden perfectamente terminar como Chocó, en donde se están asesinando y desplazando comunidades indígenas”, denunció Zalabata.
Noticias Caracol intento contactar al gobernador Zarwawico, pero no obtuvo respuesta.
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La situación actual es muy compleja porque no es solo el conflicto interno que tienen las familias al interior del pueblo arhuaco, los mamos han dicho una frase: “Esto no es un problema interno, esto es un problema de la disputa de la Sierra Nevada". Y la pregunta es ¿a quién beneficia todo este conflicto?
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