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Financiadores de paramilitares en Ituango quedarían por fuera de la JEP

Procuraduría y víctimas pidieron excluir a Jaime Alberto y Francisco Angulo por los pobres testimonios que entregaron. Están al borde de pasar los próximos 30 años en la cárcel.

Los hermanos Angulo, financiadores de paramilitares en Ituango, quedarían por fuera de la JEP

Los hermanos Jaime Alberto y Francisco Angulo llevan 25 años intentando borrar sus huellas en la historia de horror que vivieron los pobladores de Ituango, cuando los paramilitares masacraron, torturaron y violaron a decenas de inocentes entre 1995 y 1998.

Aunque son relativamente desconocidos para la opinión pública, son dos de los personajes más importantes en la historia del paramilitarismo en Colombia. Incluso, fueron descritos por Salvatore Mancuso y Cuco Vanoy como "amigos" de las autodefensas y financiadores de la expansión y la barbarie paramilitar en Antioquia.

La justicia colombiana en última instancia ratificó la condena a 30 años de cárcel por el crimen del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle y por sus macabras alianzas con los paras. Producto de las mismas investigaciones, fueron llamados a juicio como los determinadores de las masacres de El Aro y La Granja, en las que fueron salvajemente asesinados más de 20 campesinos.

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La última jugada de los Angulo por recuperar su libertad fue ante la Jurisdicción Especial de Paz, en donde se ofrecieron a contar la verdad a cambio de los beneficios que otorga esa jurisdicción. Jaime Alberto Angulo lleva 5 años preso y su hermano, Francisco Angulo, fue capturado en su mansión en el poblado hace dos años.

Pero a criterio de la Procuraduría y de las víctimas, su confesión no alcanza para obtener beneficios pues resulta carente de "sensatez, reflexión y responsabilidad".

Noticias Caracol conoció casi 50 horas de declaraciones rendidas por los hermanos Angulo ante la JEP. Si bien, admiten que contactaron a los paramilitares y financiaron su incursión en Ituango, los relatos son contradictorios, niegan su responsabilidad en hechos atroces y hasta desmienten el fallo en firme que hay en su contra, lo cual frenaría su ingreso a la JEP.

Jaime Alberto Angulo se define como comerciante y transportador. En sus declaraciones contó cómo fueron las reuniones con los paramilitares:

Me notifican que había llegado el fax a Colanta en donde nos convocaban a una reunión a todos los ganaderos, caficultores, a todas las personas, no sé a cuántas, a una reunión en Caucasia. Exactamente en la hacienda El Porvenir. Fuimos Pacho mi hermano y yo, y nos dijeron que necesitaban que les aportáramos 10 millones de pesos inicialmente
señaló Angulo

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También aseguró que puso dos camiones para transportar decenas de paramilitares. “Llego a esa reunión y estaban el señor Cuco Vanoy, el señor Vicente Castaño, el señor Salvatore Mancuso, un señor paramilitar que se llamaba Chepe, El Negro, y ya como 20 o 30 paramilitares. Le dije: ¿en qué les puedo ayudar? me dice, lo que pasa es que necesito que me ponga mañana a las 4 am, dos camiones en los Llanos de Cuivá. Me tocó mandar a un muchacho que fuera, un muchacho que hacía mandados, que fuera a encontrarse con los camiones, a decirles que se devolvieran para la hacienda Los Galgos, que era de propiedad de nosotros, descargaron el ganado y se vinieron para los Llanos de Cuivá vacíos. Ahí recogieron aproximadamente 70 hombres con todos sus equipos, era un grupo armado”, relató.

Las reuniones y los aportes que ahora confiesa no son nada nuevo. Lo que ellos ahora están contando a la JEP como una gran revelación ya había sido determinado por el Tribunal Superior de Antioquia hace varios años, cuando señaló que los hermanos Angulo "establecieron contacto con los líderes máximos de las AUC y coordinaron todo lo necesario para que obtuvieran el apoyo de los demás pobladores de la zona”.

Los Angulo trataron de minimizar su verdadero papel dentro de la estructura paramilitar, diciendo que su apoyo fue simplemente logístico pero que no ordenaron en ningún crimen.

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Así lo aseguró Francisco Angulo: “Magistrada: señor Francisco, ¿usted específicamente cómo los apoyaba? Francisco Angulo: Primero, prestando el apartamento donde estuvieron, Los Guaduales; después, prestando el apartamento en lo que llamábamos las residencias; después les di la vaca para que se comieran, de las que se había quebrado las patas, les di plata para medicamentos, para pagar mercados. Ellos por ahí pedían algo y les daba 50, 100, 200 mil pesos, de acuerdo con las necesidades”.

A diferencia de lo que Francisco Angulo afirma, la Procuraduría asegura que su papel era mucho más relevante.

Fueron las personas que tuvieron la iniciativa de llevar las AUC a Ituango, las financiaron, las hospedaron en sus propiedades, inclusive, dado su oficio de transportadores, los transportaban y además, daban información de la ubicación de guerrilleros, por lo que difícilmente se puede predicar que eran un “cero a la izquierda”, pues si ellos pagaban por el servicio de los paramilitares, era apenas obvio que tuvieran voz y voto dentro de su accionar

El 11 de junio de 1996 y el 22 de octubre de 1997 los paramilitares convirtieron las poblaciones de La Granja y El Aro en un infierno terrenal. Allí ocurrieron dos masacres consideradas de las peores infamias del paramilitarismo. A pesar de estar acusados por la justicia ordinaria, los Angulo negaron en la JEP haber ordenado estos crímenes. Se limitaron a asegurar que su papel fue transportando unas armas por solicitud de los paramilitares.

“Me llama el mayordomo de la finca que le decíamos El Bonito. Me dijo, vea señor, acaba de llegar un camión del Ejército y trae unas cajas. Que eso es para usted. Iban como 6 u 8 cajas envueltas tapadas en cartón y él las recibió. Llegué a la finca y estaba Junior en dos carros y otro muchacho. Las cajas estaban muy desbaratadas, empezamos a abrirlas y estaban llenas de uniformes, de morrales, de cantimploras, botas, todo era de segunda, todo era usado. Y una caja metálica como con 50 granadas, llena de granadas. Y otra llena de munición de fusil, balas de fusil”, señaló Jaime Alberto Angulo.

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Este episodio fue el preámbulo de la masacre. Los paramilitares arremetieron contra los pobladores de El Aro obligándolos a salir de sus casas, violaron a las mujeres y exhibieron en el parque los cadáveres de varios campesinos. A don Marco Aurelio Areiza, el dueño de la tienda, lo amarraron en un árbol, le sacaron los ojos y le levantaron la piel por haberle vendido víveres a la guerrilla. Antes de marcharse quemaron el pueblo y sus calles quedaron deshabitadas.

Pero la Procuraduría cuestionó fuertemente las declaraciones de los Angulo. De un lado, el Ministerio Público señala que el transporte y almacenamiento de las armas es un capítulo que ya fue tratado en la justicia ordinaria, es decir, no están contando nada nuevo en la JEP. De otro, para el ente de control el papel de los Angulo fue mucho más protagónico.

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“Ese acto fue uno de los más salvajes y calculados que realizaron las autodefensas, fue masiva su participación y también la colaboración de las fuerzas armadas y de la Policía, los hermanos Angulo también conocieron de esa incursión y tuvieron una participación protagónica", señala el concepto.

El abogado Jesús María Valle fue el único que se atrevió a denunciar cómo los paramilitares, aliados con las autoridades, estaban cometiendo toda clase de vejámenes contra la gente. Veintiún días antes de que lo mataran dio esta declaración en la Fiscalía:

Por el comportamiento omisivo de Álvaro Uribe Vélez y de Pedro Juan Moreno yo entendía que había una alianza macabra en Antioquia en estos tres años, Que su pretexto de acabar con la guerrilla ha golpeado a la población civil indefensa y ha fortalecido el tráfico de drogas. El grupo paramilitar tiene el apoyo del Ejército, el apoyo de la Policía, y de acuerdo con la cita de varios campesinos al municipio de Caucasia, tiene el apoyo de Jaime Angulo

Cuando nadie los mencionaba, Jesús María Valle fue el primero en señalar a los Angulo como partícipes de los crímenes. Y esta denuncia hacía parte de un expediente reservado que en su momento terminó en manos de Jaime Alberto Angulo y selló el destino del defensor de derechos humanos.

"Llego a hablar con El Mocho y me lleva un expediente de la Fiscalía, que decía que nos estaban investigando por conformación de grupos paramilitares en Ituango, que tuviera mucho cuidado porque mire que nos están relacionando”, declaró Angulo.

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Jesús María Valle fue asesinado en su oficina en Medellín el 27 de febrero de 1998. Los Angulo fueron condenados por este crimen a 30 años de cárcel, la condena de cárcel que precisamente están intentando esquivar con su sometimiento a la JEP. Sin embargo, las víctimas y la Procuraduría ya pidieron rechazar la última jugadita de los Angulo.

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El Ministerio Público señala contundentemente: "la magistratura no puede desgastarse y desgastar a los demás sujetos procesales en el cruce infructuoso de escritos y realización de audiencias en búsqueda del mejoramiento del plan de aportes de verdad, reparación y garantías de no repetición".

Los Angulo no son los únicos que -con sentencia condenatoria en firme- han intentado volver a la libertad aprovechando los beneficios de la JEP. Esta jurisdicción ya le ha cerrado las puertas al sometimiento de varios agentes de estado y civiles, como el general en retiro Miguel Maza Márquez, quien no aceptó el crimen del candidato presidencial Luis Carlos Galán por el que está condenado; Jorge Luis Alfonso López, el hijo de la empresaria del chance Emilce López, condenado por homicidio tampoco pasó el examen de esta jurisdicción; y el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo tampoco cumplió con los requisitos y tendrá que pagar una sentencia a 29 años de cárcel por homicidio.

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