Frontera infiltrada: alianzas de algunos miembros del Ejército con grupos criminales

Detrás del carro bomba contra la brigada 30 en Cúcuta y el ataque a bala contra el helicóptero del presidente Iván Duque en inmediaciones al aeropuerto de esa misma ciudad, un capitán retirado del Ejército que se alió con las disidencias de las FARC aparece como el principal artífice.

Así lo señaló el fiscal general, Francisco Barbosa, en una rueda de prensa: “Sobre la persona que diseñó y ejecutó el plan criminal, Andrés Fernando Medina, debe decirse que es un capitán pensionado del Ejército Nacional que hace unos años fue licenciado por sanidad. Mientras que las otras personas son articuladores de las disidencias de las FARC, frente 33 en el Catatumbo y Cúcuta”.

Aunque es preocupante que un oficial de rango medio resulte involucrado en alianzas criminales, lo cierto es que este tipo de episodios involucran incluso a los más altos mandos militares. La reciente misión Atila II de la contrainteligencia del Ejército en la Guajira, frontera con Venezuela, encontró presuntos vínculos de dos generales de la República y dos tenientes coroneles.

Uno de esos generales comandaba la primera división que cubre Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico y el sur de Bolívar, según las investigaciones de contrainteligencia, permitía el libre movimiento de criminales. Uno de los documentos secretos lo registró:

“Aprovechando el cargo que desempeñaba como comandante de la primera división del Ejército Nacional, influía en órdenes para la no realización de operaciones militares en el trayecto que conduce desde la ciudad de Riohacha hacia el municipio de Maicao, región que es controlada por una familia de apellido Barros, los cuales se dedicaban a labores de narcotráfico”.

En un documento reservado de junio de 2020, la misma contrainteligencia del Ejército afirma que el otro general, subalterno del anterior, dio instrucciones para proteger a esa familia: “Ordenar a los comandantes del batallón de infantería No 6 Cartagena (en Riohacha) y batallón de artillería de defensa aérea No 1 brindar las garantías para que la familia Barros pudiese estar en la región y continuar con sus actividades delictivas sin ninguna restricción”.

Los Barros son un clan guajiro aliado del Clan del Golfo, dedicado al narcotráfico y al contrabando de gasolina. Según el informe de contrainteligencia militar “personal de suboficiales y soldados profesionales que hacen parte de esta dependencia se les había dado la orden (...) De que los personajes en mención eran intocables para la unidad militar”.

Según otra denuncia, documentada por la contrainteligencia militar y que acumula polvo en la Fiscalía, miembros del batallón Cartagena de Riohacha incluso le prestaron guardia a los delincuentes que cobraban vacunas en la región.

“El coronel ordena apoyar a un personal en un movimiento en donde la motorizada del batallón se dirigió a cumplir la orden. El personal custodiado son miembros de la familia Barros que se dedican a cobrar las vacunas de los pimpineros”.

Lo más grave de estas investigaciones, que se adelantaron desde 2017 hasta el año pasado bajo las misiones de contrainteligencia Argus, Atlas, Atila y Alfil, es que hubo una orden superior para tapar las supuestas actuaciones ilegales de los generales. Así consta en dos informes confidenciales:

“El día 26 de junio del 2020 a las 9:06 de la mañana recibí una llamada por parte del señor capitán que por orden del señor mayor solicitó que le enviara la presentación de la misión de contrainteligencia Atila II (...) pero que eliminara las fotos de los dos señores generales. (...) me estaba dando a incurrir en ocultar información de dos militares que se encuentran en actividades irregulares”.

Los dos generales que habían hecho esas presuntas alianzas con criminales se retiraron recientemente del Ejército sin problemas y con su honor militar intacto, una situación similar ocurrió con un coronel que llegó a ser asesor cercano del anterior comandante del Ejército.

Durante 10 años, este militar ascendió de rango y cargos pese a que la misma contrainteligencia tuvo audios que probaban sus conversaciones con alias ‘Megateo’, el último gran capo del EPL que dominó a su antojo la región del Catatumbo hasta que murió en un operación de las autoridades en 2015:

Megateo: Usted me dice que sigue por ahí...
Coronel: Claro
Megateo: Ah no, sí, normal. Eso yo sé que ... Inclusive ustedes son los que más nos ayudan a...
Coronel: Bueno, don Mono
Megateo: Listo, listo. Cualquier otra cosita me timbra, ahí nos vamos dando la información
Coronel: Bueno, hasta luego

En otra de las varias llamadas quedaba claro que el coronel, que entonces era un capitán, pedía sobornos al capo:

Coronel: Mejor dicho, si usted se manifiesta, se porta bien conmigo en dos o tres días, yo le digo cuál fue el comentario duro, la orden que dieron del jefe mayor y todo.
Megateo: Gracias
Coronel: Se la tengo, mejor dicho, pero fresquecita.
Megateo: Pero tocaría que me la aguantara por ahí hasta el lunes.

Esa infiltración del EPL y ‘Megateo’ en el Ejército incluso quedó documentada el pasado 2 de julio en una declaración ante la JEP del coronel retirado Santiago Herrera, excomandante de la brigada Móvil 15: “La operación que hago contra ‘Megateo’ la hago yo solo porque había penetrado a todo el mundo, todo el mundo es todo el mundo, tenía comprado a todo el mundo. (…) Yo manejé esa inteligencia, a mi costo, hago movimientos falsos, porque estaba penetrada la brigada del batallón Santander”.

No solo los grupos armados, sino también las fuerzas militares venezolanas sostienen alianzas ilegales con militares colombianos en la frontera. Uno de los casos más graves ocurrió en diciembre de 2019 cuando un teniente coronel les entregó información ultrasecreta: la identidad de agentes de inteligencia en la frontera, de miembros activos del Ejército venezolano que colaboraban con Colombia y la ubicación de casas, fachadas y sitios de reunión de agencias estadounidenses en el lado colombiano.

En estos documentos de la inteligencia venezolana quedó consignada parte de la información entregada por el coronel colombiano. “Alias ‘Tomás’ o el gordo es un oficial con el grado de teniente coronel del Ejército neogranadino encargado de una unidad especial de espionaje y actividades clandestinas en territorio venezolano”.

Tras esa filtración se perdió un trabajo de inteligencia de más de dos años. Las fachadas fueron desmontadas, los agentes de inteligencia tuvieron que ser trasladados de urgencia y varios de los informantes de la inteligencia colombiana fueron detenidos en Venezuela, como consta en este documento del servicio bolivariano de inteligencia:

“Se dio con la detención de los oficiales de la FANB primer teniente XXXXX y capitán XXXXX, quienes están en la dirección del DGCIM en Caracas bajo custodia, durante el interrogatorio que se realizó a los oficiales se obtuvo información que en el mes de noviembre del presente año fue la última reunión que sostuvieron con alias Tomás”.

Todos estos episodios de alianzas criminales de algunos militares fueron posibles en parte porque durante los últimos años, el Ejército desmanteló sus mejores unidades de contrainteligencia, desatando incluso una persecución contra aquellos que desde el interior se atrevieron a denunciar a un puñado de altos mandos corruptos.