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Implementación de los acuerdos de paz se retrasaría hasta 10 años: Contraloría

Los problemas para el anhelado fin del conflicto pasan por un presupuesto inferior al destinado en el pasado para lograr una transformación del campo.

Los problemas para el anhelado fin del conflicto pasan un presupuesto inferior al destinado en el pasado para la transformación del campo. Suscríbase [GRATIS] a nuestro canal en YouTube: http://bit.ly/2Jhc3oO. Descargue nuestra aplicación: http://hyperurl.co/appnoticias Síganos en Google: http://bit.ly/2MrIZP3 WhatsApp El Periodista Soy Yo: http://bit.ly/2QD18rw WhatsApp Noticias Caracol Ahora: http://bit.ly/34ed1uQ Síganos en redes sociales: Facebook: https://www.facebook.com/NoticiasCaracol Twitter: https://twitter.com/NoticiasCaracol (@NoticiasCaracol) Instagram: https://www.instagram.com/noticiascaracol/ Nuestros canales en YouTube: Caracol Televisión: http://bit.ly/2CHpld2 Suscribirse Gol Caracol: http://bit.ly/2yAIGcU Suscribirse Shock: http://bit.ly/2CHNKzi Suscribirse Blu Radio: http://bit.ly/2CFF7Fo Suscribirse La Kalle: http://bit.ly/2JkgfEz Suscribirse Caracol Play: http://bit.ly/2SkyjlM Suscribirse El Espectador: http://bit.ly/2D4rkt7 Suscribirse

La implementación de los acuerdos de paz enfrentaría nuevos problemas porque, en el presupuesto del próximo año, el Gobierno destinará menos recursos a instituciones claves para la transformación del campo como la Agencia de Desarrollo Rural y, para completar, un informe de la Contraloría General dice que por la baja ejecución de los presupuestos, esta se retrasaría hasta diez años más.

El pasado 28 de julio, el Gobierno del presidente Iván Duque radicó el proyecto de presupuesto para el 2021 y a pesar de un incremento, dejó muy preocupados a quienes hacen seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz.

“Al revisar el proyecto presentado por el Gobierno encontramos que en el trazador presupuestal hay una reducción del 14 por ciento en los recursos necesarios para la implementación del punto sobre las drogas de uso ilícito”, explicó la representante a la Cámara Juanita Goebertus.

Un tema complejo, sobre todo en materia de sustitución de cultivos, algo que aún no tiene solución. Según un informe que la Contraloría General entregó recientemente al Congreso, de las 82.240 familias que se apuntaron a ese programa del Gobierno, solo 727 han culminado el proceso.

También dice el informe que en este punto hay un lento avance de la formalización de la propiedad rural.

“Nosotros hemos encontrado que cerca del 32 por ciento de las tierras en los terrenos donde hay presencia de cultivos ilícitos no tienen la legalidad de la tierra, entonces están en un limbo para la inversión de esos planes de sustitución voluntaria”, dijo Juan Carlos Gualdrón, contralor delegado para el posconflicto.

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Es decir, si es difícil así, con menos recursos sería más complejo. Pero no es lo único que preocupa a la representante Goebertus, que hace seguimiento a la implementación de los acuerdos.

Según la congresista, agencias clave en el tema de tierras, el punto uno de los acuerdos, son las más afectadas con la reasignación presupuestal.

“Agencias fundamentales como la Agencia Nacional de Tierras enfrentara una reducción del 13 por ciento, o como la Agencia de Desarrollo Rural que enfrentará una reducción del 35 por ciento, quizás los más graves son los del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, los llamados PDTS, que tendrán que ser implementados en los territorios más pobres: hasta el momento solo han tenido una inversión de solo el 1,52 por ciento al año, del porcentaje que se tendría que invertir para poder transformarlos en quince años”, describió Goebertus.

Una preocupación que también tienen personas como el economista Jairo Estrada, miembro por la FARC de la comisión de seguimiento y verificación de los acuerdos, CSIVI, quien ve con preocupación lo que ocurre con el tema de tierras, punto fundamental de los acuerdos de paz.

“Lo que uno encuentra es que no hay ningún interés por sacar adelante un aspecto tan neurálgico de la reforma rural integral como es el acceso a la tierra y ni hablar de los otros componentes”, aseveró el economista.

No usaron los recursos: Contraloría

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Otro tema que preocupa a la Contraloría es el bajo nivel de ejecución de los recursos destinados para la paz.

Entre el 2017 y el 2019 del total de los recursos que se planearon sólo se usaron 15 billones de lo estipulado, es decir aproximadamente el 65 por ciento, de seguir así, según el informe de la Contraloría General, la implementación del acuerdo tardaría diez años más.

“Y a ese ritmo de inversión, hemos definido desde la Contraloría General de la República, que las metas que se debían cumplir a 15 años, si la inversión sigue a ese ritmo, podrían tardar no 15 años, sino 25”, concluyó Gualdrón.

Según el informe del ente de control, en el primer año de implementación se gastaron 4,9 billones de pesos, de los 8,17 billones disponibles. El segundo año, es decir el 2018, la inversión fue de 4,01 billones, frente a los 7,61 presupuestados.

El 2019 fue el año más alto en la ejecución presupuestal... se invirtieron $ 6,21 billones de $ 7,55 disponibles y en este año van $ 4,83 de los $7,3 billones dispuestos para la paz.

“Hemos encontrado que más o menos el promedio que está invirtiendo desde al año 2017 hasta el 2019, incluso lo programado para el 2020, está un 30 por ciento por debajo de lo que se esperaba invertir”, añadió el contralor delegado.

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También encontraron un desbalance en la destinación de los recursos, por ejemplo, mientras en 2019 el 19 por ciento del presupuesto de la paz se lo llevó el programa de educación rural, y este 2020 ese mismo rubro fue del 35 por ciento, otros puntos como el ordenamiento de la propiedad rural apenas tuvo el 1 por ciento.

“El Gobierno no está asumiendo a fondo su compromiso con la implementación y sobre todo con planear el proceso. Aquí lo que se advierte es que no hay planeación, ni en el diseño, ni en la ejecución de los recursos”, cuestionó Estrada.

A la Contraloría General, que vela por el buen uso de los recursos públicos, le interesa que al igual que todos los recursos del Estado, la plata de la paz no se pierda ni se le dé un uso indebido.

“Más allá de un desorden es que debe disciplinarse más la marcación que se debe hacer y los reportes a los sistemas de información para que el seguimiento al monitoreo de los recursos sea mucho más juicioso (…), que se le pueda hacer seguimiento a la platica, que pagamos los colombianos como si fuera la cuenta de ahorros”, manifestó el contralor delegado.

Por su parte, Emilio Archila, el hombre que está al frente del proceso de implementación de los acuerdos, dice que no le preocupa el tema y que el Gobierno hace grandes esfuerzos por conseguir más recursos.

“En nuestros números estamos incrementando el 9 por ciento los recursos destinados a la paz, tenemos que en el 2020 el total era de 9,8 billones de pesos y en el 2021 va a ser el presentado, 10,7 billones de pesos. Pero mejor aún, en inversión teníamos en el 2020 2,4 billones de pesos que se incrementa en el 2021 a 5,7 billones de pesos”, dijo Archila, el consejero para la estabilización.

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Al mismo tiempo reconoce que si hay una disminución en el presupuesto de las agencias comprometidas con el problema de tierras.

“Es cierto que para algunas de las agencias, como la Agencia de Desarrollo Rural, pasamos de 230 mil millones de pesos a 149 mil millones de pesos y ahí vamos a tener que hacer un esfuerzo con la cooperación internacional, con los privados, para poder mantener el ritmo”, argumentó.

Las alarmas están encendidas por cuenta de la Contraloría, allí también insisten en que los planes nacionales sectoriales, hoja de ruta para inversión, deben estar aprobados y de 16 existentes sólo seis tienen luz verde. El tiempo corre.

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