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Justicia Penal Militar declara insubsistente a una de sus juezas por larga lista de irregularidades

La sanción aplicada a Francy Castaño no se efectuaba desde hace 17 años. Entre las anomalías figura una posible manipulación del reparto de investigaciones sobre corrupción.

Justicia Penal Militar declara insubsistente a una de sus juezas por larga lista de irregularidades

La Justicia Penal Militar acaba de revivir una sanción que no aplicaba desde hacía 17 años contra uno de sus jueces. Francy Castaño fue declarada insubsistente por una larga lista de irregularidades, las más graves están relacionadas a una posible manipulación del reparto de investigaciones claves de corrupción contra altos oficiales o sonados golpes de la inteligencia colombiana.

Desde el 2019, todos los despachos de la Justicia Penal Militar de Bogotá operan en un edificio específico como una medida para guardar distancia de sus investigados: policías y militares.

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Pero, aunque suene increíble, en esta regla había una excepción. El Juzgado 186 de Instrucción tenía una sede alterna, ubicada entre la estación de Policía de Teusaquillo y la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol). Aquí trabajaba la jueza Francy Castaño.

La funcionaria llevaba meses esquivando los insistentes requerimientos que le hacían desde la unidad administrativa de la Justicia Penal Militar para que trasladara su oficina a la sede oficial.

El recién llegado director de la Justicia Penal Militar, José Reyes Rodríguez, al advertir esta y otras irregularidades, la declaró insubsistente y clausuró el despacho paralelo.

“Esa decisión estuvo basada en un patrón de conducta que, inicialmente, parecía como una desobediencia sistemática a trasladarse de su oficina tradicional, de años, a la dispuesta para ella en el Palacio de Justicia. Pero en el curso de ese trasladarse, no trasladarse, excusas de unas y otras, se empezó a evidenciar algunas otras irregularidades que estaban ahí tras esa circunstancia”, puntualizó.

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Entre las irregularidades evidenciadas se encuentran dificultades en cuanto al reparto, falsedades de información en el reparto y otra seguidilla de acciones que ya completaban una gran carpeta que llenaba un dossier de más o menos 16 noticias entre disciplinarias y delictivas.

Según la jueza Francy Castaño, su interés por mantener su despacho alterno se debió a motivos de salud.

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Tengo un problema de salud muy delicado. Soy diabética, soy insulinodependiente, tengo hipertensión arterial, hipertensión pulmonar y fuera de eso, fui trasplantada hace un año de riñón”, manifestó Francy Castaño.

Sin embargo, a pesar de sus deseos por trasladarse al Palacio de Justicia, el lugar, según las palabras de la togada, no cuenta con la estructura necesaria que contribuya a su bienestar.

“El ascensor no sirve, no hay rampa para subir a los discapacitados. No hay quien me ayude, yo fui a salir del edificio y tuve que caminar bastante para coger transporte”, precisó.

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Pero una auditoría interna puso al descubierto una larga lista de irregularidades que se escondían detrás del funcionamiento de la oficina alterna.

“Los problemas de salud y esas dificultades tan humanas siempre están en el orden del día de las organizaciones y la judicatura, todas las judicaturas, no son la excepción, pero el sistema en sí tiene los remedios. Una persona por más dificultades de salud que tenga no puede arrodillar a la organización a la que pertenece. Y frente a eso estábamos”, enfatizó José Reyes Rodríguez.

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Según la auditoría, en el despacho alterno trabajaban, como personal de apoyo, policías que ni estaban adscritos a la Justicia Penal Militar ni contaban con autorización. Eran uniformados, algunos de inteligencia, a los que la jueza les daba funciones de asistencia y hasta de secretarios ad hoc.

"Tenía un staff de personas, entiendo que de la Policía, que le ayudaban", anotó Rodríguez.

Corresponde a la Fiscalía verificar si estas participaciones tienen trascendencia penal.

Este personal de apoyo practicaba diligencias, notificaba y tenía acceso a expedientes reservados, lo cual es considerado un riesgo para las investigaciones, según la auditoría.

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A ello se le suma el hecho de que el juzgado hacía uso de manera irregular de correos para tramitar asuntos de los procesos, lo cual “de ninguna manera es admisible”, rechaza tajantemente el reporte.

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Para ella, sin embargo, eso era una situación normal, pero, para los abogados y las víctimas, todo esto parecía una burla a la justicia.

El mayor retirado William Lancheros fue uno de los afectados. Él acudió a la justicia denunciando un presunto abuso de confianza en la Policía que lo sacó de su carrera a coronel, pero lo que encontró en el despacho de Castaño no fue precisamente independencia.

“Me recepcionaban (recibir) documentos algunas personas que estaban no directamente en la sede de la Justicia Penal Militar, sino en una estación de policía en Teusaquillo (sic) ”, puntualizó Lancheros.

Las quejas de Lancheros por las prácticas violatorias del debido proceso en el despacho de Castaño fueron revisadas por el Tribunal Superior de Pereira, en donde no solo le dieron la razón, sino que terminaron sancionando a la jueza con tres días de arresto por desacato.

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