La cruzada por salvar la Amazonía

Las dramáticas cifras sobre la deforestación en la Amazonía se explican no solo por la incapacidad del Estado para controlar el territorio, sino por la habilidad de estos terratenientes a la sombra para expandir sus feudos, camuflar sus fortunas, legalizar las tierras que acaparan e imponer el miedo si les toca.

Así lo constató el equipo periodístico de Noticias Caracol que recorrió el Guaviare.

“Para nadie es un secreto que los grupos al margen de la ley tienen ciertas influencias en esas zonas e impiden que nuestros compañeros, nuestros técnicos, puedan llegar a atender estas dificultades, estas grandes áreas de deforestación en nuestro territorio”.

Quien habla es Luis Orlando Castro, director regional de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico. De las 5,5 millones de hectáreas que tiene Guaviare, a él y a su equipo les corresponde vigilar 3,5 millones hectáreas.

Las demás son de responsabilidad de Parques Nacionales. Pero no hay personal suficiente para encarar semejante desafío.

“La corporación CDA en esta seccional Guaviare tiene alrededor de 12 contratistas y tres funcionarios de planta, lo que nos hace un poco difícil este accionar debido a las casi 266 mil hectáreas que le corresponde a cada profesional atender”, dice. Ni hablar del presupuesto gubernamental. Es escaso. Escasísimo: apenas 11 mil millones de pesos al año.

“Y si lo dividimos por las hectáreas que tenemos por jurisdicción nos da aproximadamente esa cifra: entre 70 y 80 mil pesos por hectárea año. Ese es el presupuesto que tenemos por hectárea para vigilar y controlar”, remata el funcionario.

¿Puede el Estado salvaguardar nuestra selva con presupuestos tan insignificantes? La corporación ni siquiera tiene recursos para hacer sobrevuelos en las áreas más críticas.

Y como si ya no fuera tanto, están las amenazas y las muertes. En febrero de 2015, a la salida de su oficina en San José del Guaviare, sicarios asesinaron a mansalva a Ricardo Molina, encargado del monitoreo de la minería ilegal del ente de control en la región.

Aquí proteger la selva muchas veces se paga con la vida.

Vea la primera parte del especial “Guaviare: memorias de la selva herida”

• La hecatombe ambiental en la Amazonía

“El departamento del Guaviare es muy extenso. Cuando se firman los tratados de paz y la guerrilla abandona estos territorios, personas con dineros de dudosa reputación llegan al sector, acaparan grandes extensiones de tierras y proceden a deforestar vorazmente. Con dos intenciones: una ganadería extensiva y otra la siembra de cultivos ilícitos”.

Lo dice el gobernador Heydeer Palacio, quien sostiene que las mafias del acaparamiento de tierras se mueven a la sombra por ese vasto territorio y que es entre diciembre y febrero cuando más se deforesta. No solo se tumba el bosque en esos meses. También se le mete candela. El fuego aligera la carga de la motosierra y las cenizas dejan el terreno listo para poner las cercas.

“Los territorios donde se ha deforestado grandes territorios, grandes extensiones de tierra son entre Calamar a Barranquillita, donde una sola finca pudo haber tumbado más de 15 mil hectáreas. En la zona de frontera con el parque Nukak Maku en la vereda Nueva York, La Panguana, cerca de 10 mil hectáreas en un solo territorio. Y en la frontera entre Cachicamo, La Macarena, San Juan de Lozada, que tenemos los tres departamentos, Caquetá, Meta y Guaviare, hay también grandes extensiones de tierra y se han deforestado más de 50 mil hectáreas de bosque”, sostiene Palacio.

Con una gravedad: el mandatario aseguró que durante los últimos años los campesinos cocaleros erradicaron más de 20 mil hectáreas de cultivos ilícitos en el departamento, pero que el Gobierno nacional les incumplió.

Hoy apenas hay algo más de 3.000 hectáreas de coca, cuando a principios de siglo esta región llegó a contabilizar unas 27.000. Al margen de ese avance sustancial, el incumplimiento del Ejecutivo se vuelve un escenario fértil para que la deforestación continúe.

Lo dice con énfasis el gobernador Palacio: “El campesino le cumplió al programa de erradicación voluntaria del PNIS, pero desafortunadamente a esas más de 6.000 familias el gobierno no les cumplió con un pago de 19 millones de pesos para establecer un proyecto productivo de largo plazo. Hoy algunos de esos campesinos han tenido que volver a sembrar coca en diferentes partes del departamento y, desafortunadamente, al interior de parques como el Chiribiquete”.

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La Fiscalía también hace sus propias cuentas. En total hay 45 fiscales destacados para rastrear a estas mafias, 12 de los cuales se concentran en la Amazonía. Por distintos crímenes ambientales, tan solo en esta región hay 377 expedientes abiertos.

“En lo que va corrido de este semestre hemos hecho 31 operaciones que nos han implicado capturas de más de 214 personas. En este semestre se ha duplicado la actividad que hemos ejercido en la zona en comparación con los años 2018, 2019 y 2020”, señala Deicy Jaramillo Rivera, directora especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía.

El lío es que, a pesar de la gravedad de estas conductas, muchas veces los jueces dejan libres a los procesados. Hace poco, por ejemplo, los integrantes de una organización señalada de deforestar 1.700 hectáreas de bosque dentro del Parque Nacional La Macarena no fueron enviados a la cárcel porque el juez no los consideró un peligro para la sociedad. Los acusados ocuparon ese territorio, lo potrerizaron y metieron más de 2.000 cabezas de ganado.

Si tumbar 1.700 hectáreas de selva no es un peligro para la sociedad, digo yo, ¿entonces qué lo es?

“Nosotros observamos que, en general, a todos los colombianos nos falta conciencia, valor, de lo que tiene que ver con nuestros recursos naturales, de lo que depende nuestra vida”, remata la fiscal Jaramillo.

Por último, el ministro de Ambiente, Carlos Correa Escaf, advierte que, más que la ganadería extensiva, en su mayoría son los músculos financieros de la minería ilegal y el narcotráfico los responsables de la estrepitosa pérdida de bosque en Colombia. Tan solo en 2020 fueron arrasadas 171 mil hectáreas, algo así como todo el territorio de Bogotá.

A contracorriente de números tan escandalosos como estos y de la orfandad territorial del Estado en la Amazonía, el gobierno insiste en sus objetivos. “Una de las metas es llegar al año 2030 a cero deforestación y al año 2022, que es el Plan Nacional de Desarrollo, un 30 por ciento de reducción de deforestación”, asevera el alto funcionario.

Lograr eso a la luz de las estadísticas y, sobre todo, de la tozuda realidad de regiones tan abandonadas como el Guaviare, parece una quimera. El ministro Correa, sin embargo, dice que no, que dicho propósito es posible, que la institucionalidad cada vez se articula más en esa Colombia profunda, que la Fuerza Pública y su Operación Artemisa ha impedido un holocausto peor en nuestras selvas y que hoy existe una nueva ley para perseguir, apresar y condenar a estos acaparadores que siguen pasando de agache.

“En apenas cuatro meses sacamos una ley muy importante que creo que va a trascender que es la ley de delitos ambientales y que ya hoy incluye la deforestación como un delito que va entre los cinco y 15 años”, concluye Correa Escaf.

De todas maneras, eso sí, reconoce que el presupuesto de 1 billón de pesos al año que tiene todo el sector ambiental sigue siendo demasiado poco para lo que toca. Por eso insiste en que hay que fortalecer la capacidad del Estado y asegura que el ministerio le apunta a la entrega de contratos por conservación del bosque a los campesinos. “La deforestación es nuestra gran lucha hoy”.

Más allá de esos propósitos gubernamentales, esa lucha contra la deforestación la vamos perdiendo hoy y de qué manera. Ojalá no sea demasiado tarde ya para ponernos serios en esta cruzada por detener el calentamiento global y salvaguardar el agua que, por algo, ya se cotiza en bolsa.

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