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La denuncia que tiene temblando al fútbol colombiano

Fue presentada por la Asociación de Futbolistas Profesionales y pretende ganarle el partido a los máximos dirigentes y clubes del fútbol colombiano. Admitida por la SIC, busca demostrar que los clubes actúan como organizaciones cartelizadas.

La demanda que tiene temblando al fútbol colombiano

El 23 de abril, Carlos González Puche, un abogado y exfutbolista profesional que preside la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales -Acolfutpro-, presentó una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- que tiene temblando a los dirigentes del fútbol y clubes deportivos. ¿La razón? La libre competencia en el fútbol colombiano no existe.

“Con tal de que la pelota ruede todos están felices. Pero es que aquí detrás de que la pelota ruede hay derechos que se están violentando y por eso el SIC ha acogido nuestra denuncia”, afirmó González Puche.

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La denuncia, a la que se han sumado cada vez más jugadores, recoge los casos de futbolistas que han tenido que someterse a las reglas que imponen los clubes de fútbol, y que González califica con una fuerte frase: “Es un cartel, sin lugar a dudas es la cartelización a través de acuerdos que atentan contra nuestros derechos”.

El pecado original, según la denuncia, está en los contratos que tienen que firmar los jugadores a la hora de entrar al fútbol profesional. La Dimayor, a través de un documento, obliga a que los futbolistas acepten los reglamentos y normas deportivas que rigen el fútbol, en particular los estatutos de la FIFA, la Conmebol, la Federación Colombiana de Fútbol.

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Esos reglamentos contienen vulneraciones de nuestros derechos fundamentales de acceso a la justicia, vulneraciones a nuestro derecho de negociación colectiva, vulneraciones para apropiarse de la imagen de los futbolistas. A través de estos reglamentos y estatutos los futbolistas se obligan a cumplirlos. Al momento de la inscripción se les pone un documento en donde ellos dicen que se someten a esos estatutos y reglamentos expedidos por las federaciones sin ningún control del Estado colombiano”, señala González.

Se trata, según los denunciantes, de un verdadero autogol, puesto que allí se establecen cláusulas como esta: "La Dimayor tendrá el derecho sobre el uso y la explotación comercial de los derechos de imagen de los jugadores".

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Según explica González, en la práctica esto quiere decir que “al futbolista para poder inscribirse le ponen un formulario donde dice que se somete a los reglamentos estatutos de la Dimayor, de la Federación, de la FIFA y de la Conmebol. En esos reglamentos, por ejemplo, en el caso de la Dimayor, se dispone del derecho colectivo de la imagen de los futbolistas por el simple hecho de estar inscrito en un torneo organizado por la Dimayor. Es una vulneración porque el derecho de imagen de los individuos es de él y los están obligando a cederlos en virtud de la inscripción a un torneo”.

La firma de ese contrato también convierte a los futbolistas en los únicos ciudadanos que no tienen derecho a reclamar ante la justicia ordinaria so pena de ser sancionados y hasta vetados para continuar con su carrera profesional. “No podrán someter disputas de tal naturaleza ante tribunales ordinarios a menos que se especifique en la reglamentación FIFA. (...) El infractor será sancionado con la suspensión de toda actividad deportiva por un periodo de 6 meses a 5 años", dice uno de los apartes del artículo 118 del código disciplinario de la Federación Colombiana de Futbol.

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Este es el caso de cinco jugadores del fútbol colombiano, entre ellos el delantero Dorlan Pabón, quienes interpusieron una acción de tutela contra el Cortuluá por el derecho al trabajo. Su intención era convertirse en las nuevas caras del Atlético Nacional. Pero el 21 julio de 2021 les cayó "la justicia del fútbol". La comisión de disciplina de la Dimayor les abrió investigación, junto al Nacional, por someter esa disputa ante tribunales ordinarios.

“Lo dice claramente el artículo tercero y el artículo 118 del código disciplinario. Usted tiene que ir ante las autoridades del fútbol para que esas personas, que no tienen la condición de jueces, resuelvan cualquier reclamación que usted presente, que no sea laboral, contra un club, lo cual está vulnerando el artículo 116 de nuestra Constitución que establece qué particulares y en qué condiciones pueden ejercer actividades como jueces. Yo no conozco que las federaciones tengan esa facultad legal para designar comisionados que actúen como jueces y resuelvan las controversias negando, además, la posibilidad de que usted vaya ante un juez cuando está considerando que le están negando cualquier derecho”, afirma González.

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Hay testimonios documentados en poder de la SIC en donde ni los incumplimientos laborales de los clubes les permiten liberarse de sus ataduras. Es el caso de Hernán Luna. En el comienzo de su carrera deportiva firmó un contrato para jugar con el Unión Magdalena por salario de 2,2 millones de pesos mensuales más auxilios. Cuando el Magdalena le adeudaba 5 meses de salario en el año 2020 el deportista decidió terminar el contrato por justa causa el 16 de diciembre de ese año. También solicitó a la Federación Colombiana de Fútbol la liberación de su pase para poder ir a jugar a otro equipo. Sin embargo, menos de un mes después, el Magdalena expidió una comunicación dirigida a los presidentes de todos los equipos profesionales de Colombia, en donde aseguraba que Luna tenía un contrato vigente debidamente registrado en la Dimayor.

En la práctica, tal y como lo ve González Puche, esta situación se tradujo en un veto en los clubes colombianos, lo que obligó al centrocampista a buscar nuevos rumbos fuera del país. Hoy es jugador de un equipo en Finlandia.

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“Impiden a través de las comunicaciones que se mandan entre los presidentes de clubes para que no sea contratado, negándole el acceso al mercado del fútbol y el derecho al trabajo por el simple hecho de haber terminado el contrato con un club que no le paga”, explica González.

Otro caso en estudio en la SIC es el del mediocampista Cleider Alzate, quien firmó un contrato por 600.000 pesos mensuales con el Águilas Doradas de Itagüí que iba de marzo de 2012 a marzo de 2015. Cuando el jugador solicitó su liberación en noviembre de 2015, el club expidió una comunicación en la que inexplicablemente lo obligaba a quedarse un año más, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2016.

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“Hay un poder monopólico que establece a través de sus regulaciones mecanismos para violentar derechos fundamentales y evidentemente si usted termina un vínculo con un club y el club envía una comunicación a los demás para que no lo contraten, ¿cuál es la posibilidad de trabajo que le queda al futbolista? Ese abuso de esa posición dominante ha sido manifiesta y ha sido presentado ante la SIC para que sancione esas prácticas indebidas de los clubes con el acompañamiento de la Dimayor y de la Federación”, dice González.

Por estas, entre muchas otras razones, el Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, fue contundente en la entrevista con Noticias Caracol." Si los jugadores quieren terminar el contrato, pues los vetan para ir a buscar otro equipo y también que si deciden que no quieren terminarlo por justa causa quedan rehenes del club hasta tanto no les suelten los derechos”.

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Para el director de la federación de futbolistas no hay duda de que “tal como se está actuando es claro que la Federación aparentemente está por encima de la Constitución, porque si ellos pueden expedir los reglamentos que quieran, nadie los aprueba, nadie los regula y simplemente incluye conductas que afectan los derechos fundamentales, están por encima de la Constitución”.

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Noticias Caracol buscó a varios de los jugadores afectados, pero la mayoría dijo que le da miedo hablar en público por el temor a quedar vetados. Sin embargo, existen algunas declaraciones, como las que rindió el defensor Rafael Pérez ante la SIC. En su testimonio contó que estando en Argentina le tocó pagar 100 millones de pesos al Real Cartagena para poder volver a jugar en Colombia. Exigencia a la que tuvo que ceder -sostiene- para poder regresar a jugar con el Independiente Medellín y convertirse en el doble campeón del Atlético Junior.

Ni los futbolistas más famosos de la selección Colombia se han escapado de los problemas. El defensa Santiago Arias tuvo que llegar hasta la última instancia judicial para liberarse del yugo vitalicio que pretendía imponerle un agente que quiso obligarlo a que le pagara una millonaria suma por haberlo fichado hace más de una década.

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El reclamo de la Asociación de Futbolistas es que este deporte debe ser regulado por el gobierno nacional a través del Ministerio del Deporte. Pero esto no ocurre.

“El Ministerio dice que ellos no tienen competencia para aprobar a pesar de que el artículo 37 del decreto 1228 de 1995 dice que es una función aprobar los reglamentos, y la Corte le ha dicho al ministro de Deportes, antes director de Coldeportes, ‘usted tiene que ejercer el control de legalidad porque esos reglamentos son expedidos por una asociación de empresas y esas asociaciones pueden violentar derechos fundamentales como se está haciendo’. El ministro nos responde a nuestras solicitudes que él no tiene competencia. Entonces señor ministro, ¿quién tiene la competencia?”, se pregunta y concluye González Puche.

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La determinación de la SIC de abrir investigación con base en esta denuncia es el primer paso de una entidad del Estado por poner en regla al fútbol colombiano y responder a los reclamos de los futbolistas sobre el respeto a sus derechos.

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