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Los chats que salpican a alta funcionaria del gobierno en presunto cartel de carros blancos

Con maniobras irregulares, como las califica la SIC, empresarios del transporte especial se quedaron con contratos del Estado por 200 mil millones de pesos.

La contratación del servicio de transporte logístico y de los funcionarios de varias de las entidades más importantes del país habría quedado a merced de una especie de cartel empresarial que, al parecer, repartió sobornos y ajustó a su antojo los pliegos de licitaciones y subastas para enriquecerse.

Los detalles del supuesto entramado de corrupción, conocidos por la unidad investigativa de Noticias Caracol , quedaron consignados en un pliego de cargos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que en diciembre pasado les abrió investigaciones a 43 empresas de transporte público y a 64 personas, entre empresarios y funcionarios que les habrían ayudado a quedarse con los contratos.

El expediente reúne decenas de chats entre representantes de las empresas transportadoras que debían competir por los contratos y que, por el contrario, se habrían puesto de acuerdo para definir temas como las cuantías de sus ofertas de servicios o quién podía participar en determinada licitación o subasta. Así, al final, impedían que las entidades estatales tuvieran a disposición las mejores ofertas del mercado.

La SIC también investiga a varios funcionarios que, al parecer, les ayudaron a los empresarios a acomodar las condiciones de los contratos.

Los chats que salpican a una alta funcionaria

Entre los investigados hay una funcionaria de alto perfil del gobierno. Se trata de Diana Patricia Ríos García, actual secretaria general del Departamento Nacional de Planeación, una entidad que depende directamente de la Presidencia de la República.

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Según la SIC, en 2018, cuando oficiaba como secretaria general del Instituto Agustín Codazzi, acomodó las condiciones de un contrato por 1.025 millones de pesos para que se lo ganara la empresa FSG, de Fernando Suárez González, la compañía más grande del sector del transporte especial.

Los chats que se cruzaron la funcionaria y el empresario son reveladores.

Fernando Suárez González: “¿Cuándo publican (los pliegos del contrato)?”

Diana Ríos García: “Pues estoy parada por ti, esperándote”.

Fernando Suárez González: “Dale entonces. Gracias por ser tan bella conmigo”.

Dos semanas antes había empezado el cruce de comunicaciones entre Ríos y González. La cercanía entre ellos era tal que la alta funcionaria le preguntó al contratista si ya podía publicar los términos de referencia del contrato para proveer los servicios de transporte al IGAC, es decir, al parecer buscaba asegurarse de que el negocio se lo ganara FSG.

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En los chats, quedó constancia de que la entonces secretaria general del IGAC le envió información privilegiada del negocio para que el contratista lo ajustara a su medida.

Diana Ríos García: “¿ya puedo publicar?”

Fernando Suárez González: “Nooo, el lunes”.

Fernando Suárez González: “IGAC 2018 definitivo. Documento con comentarios”.

Fernando Suárez González: “Listo con observaciones rojo y verde”.

Diana Ríos García: “Ok”.

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Dice la investigación de la superintendencia que el contratista le devolvió a la alta funcionaria el documento con los cambios que necesitaba para obtener el negocio. Diana Ríos acogió sin chistar estas modificaciones y pocos días después le envió la nueva versión del documento.

Enseguida, Fernando Suárez le devolvió el documento con sus comentarios finales e incluso le advirtió que en color amarillo dejaba lo que debía quedar y en rojo lo que debía eliminar.

Fernando Suárez González: “Pliego de condiciones con comentarios finales”.

Fernando Suárez González: “Lo que está en amarillo queda. Lo que está en rojo, elimina. Mira el comentario para que borres”.

Fernando Suárez González: “Gracias”.

Al final, la secretaria general del IGAC solo acogió las primeras peticiones, según la Superintendencia de Industria y Comercio y, en efecto, la empresa FSG se quedó con el negocio.

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Noticias Caracol buscó a la hoy secretaria general del Departamento de Planeación Nacional, pero al cierre de esta edición no había contestado ni los correos ni los mensajes enviados a su entidad. Asimismo, se consultó al empresario Fernando Suárez. En un principio aceptó la entrevista, pero poco después señaló que, por orden de sus abogados, no podía pronunciarse para preservar la investigación.

Los millonarios negocios que indaga la SIC

Se trata de un expediente que desde hace dos años adelantan el superintendente delegado para la protección de la competencia, Juan Pablo Herrera, y el grupo élite anticorrupción. La entidad de control halló en total posibles irregularidades en las contrataciones de 23 entidades como el Ministerio de Transporte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Fonade, varias corporaciones autónomas regionales, la Gobernación del Huila y las alcaldías de Bogotá, Barranquilla y Armenia.

La unidad investigativa de Noticias Caracol estableció además que uno de los objetivos de esta presunta organización ilegal fue la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

En efecto, en 2019, la entidad lanzó una subasta para contratar el transporte de sus empleados. En ese proceso detectaron que tres de las empresas oferentes, al parecer, se pusieron de acuerdo para hacer ofertas o lances coordinados por debajo del valor del contrato, con el fin de asegurarlo. Así lo cuenta la secretaría general de esa entidad.

“Teniendo en cuenta que los lances llegaron por debajo del 50% del precio del presupuesto, se les solicitó a los oferentes la justificación. Ni el uno, ni el dos, ni el tres, justificaron en debida forma. Por esa razón, se formularon las denuncias correspondientes por considerar que podíamos estar frente a una irregularidad”, indicó Claudia Niño Izquierdo, secretaria general de la UBPD.

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Varias de las empresas de transporte investigadas hoy siguen licitando en millonarios negocios públicos.

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