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Los devastadores efectos sociales que tendría la aspersión con glifosato en las comunidades

No cesan las críticas a la reglamentación sobre uso del herbicida para acabar cultivos ilícitos. Organizaciones como WWF Colombia y Dejusticia se manifiestan.

La posibilidad de que vuelva la aspersión aérea con glifosato está cada vez más cerca en Colombia. El Gobierno avanza firme en su propósito de usar el herbicida contra los cultivos ilícitos.

Y no son pocas las críticas que desde diversos sectores se le hace al Gobierno por su insistencia en el uso del glifosato. Mauricio Cabrera es asesor en relaciones de gobierno y relaciones internacionales de WWF Colombia, una de las organizaciones ambientales más importantes del mundo; cuestiona dicha posibilidad.

La aspersión no es permitida en algunas de las áreas protegidas. Los cultivos ilícitos, por tanto, se pueden desplazar a estos santuarios de la naturaleza y, con ellos, la deforestación implícita en la siembra. Esto sumado a la contaminación de fuentes hídricas y afectación a bosques nativos y a algunas especies debido a que este herbicida no es selectivo”, aseguró.

Es decir, quedaron excluidos los parques nacionales, pero no los territorios de los resguardos, algo que preocupa bastante a las organizaciones indígenas.

Frente a eso, Luis Domingo Gómez, abogado defensor de los derechos de los animales , dice que no solamente se verían afectados los seres humanos, sino la fauna silvestre de estas regiones.

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“¿Un país que es el segundo más biodiverso del mundo está poniendo en riesgo más de 20.000 especies entre insectos, aves, mamíferos, etc.? ¿Cuál es el estudio que respalda la utilización de la molécula que nos indique que eso no le va a generar episodios cancerígenos a las dantas, los tigrillos, a las aves?”, cuestionó.

También, llaman la atención desde WWF sobre los devastadores efectos sociales en las comunidades afectadas.

“Consideramos que la aspersión aérea del glifosato va en contravía de una recuperación verde, justa y resiliente que necesitamos en este momento de crisis por el COVID . Además de tener implicaciones sobre el ambiente y las poblaciones, puede aumentar brechas de desarrollo y desigualdad social poniendo en riesgo la diversidad y lo medios de vida de algunas de las poblaciones afectadas”, sostuvo Cabrera.

Al decreto expedido por el Gobierno para reglamentar el uso del glifosato se sumó esta semana la decisión de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, que le dio el aval al plan de manejo ambiental que presentó la Policía para la ejecución de las fumigaciones.

No solo desde el punto de vista ambiental llueven críticas, también, desde el campo jurídico, la decisión de la Anla ya enfrenta varias demandas en la Corte Constitucional, una de ellas lideradas por la ONG Dejusticia por no garantizar la participación de las comunidades campesinas en este plan de manejo ambiental.

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“Dejusticia presenta una intervención en el sentido de afirmar que al celebrar la audiencia pública el 19 de diciembre, la Anla vulneró los derechos fundamentales de la personas que son potencialmente afectadas, como las poblaciones campesinas, y además recomendamos a la Corte ordenar a la Anla subsanar el proceso”, indicó Luis Felipe Cruz, investigador en política de drogas de Dejusticia.

Además, dice el jurista, la agencia de licencias ambientales se precipitó al tomar esta decisión cuando aún no se han definido otras instancias judiciales.

“Todavía hay dos litigios pendientes por decisión: uno en la Corte Constitucional y otro en el tribunal de Nariño, y que técnicamente se ampara en el decreto del Ministerio de Justicia, dice que la consulta previa se basa en una cosa que se llama los planes de manejo específicos”, anotó.

La Corte Constitucional podría tomar la decisión de reactivar el seguimiento de la sentencia que en su momento suspendió las fumigaciones y dar órdenes específicas de no ejecutar la acción. Aún se espera el concepto previo del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud.

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