California y otros municipios de la provincia de Soto Norte, Santander, desde siempre se han dedicado a extracción del oro. Con poca vocación agrícola, la mayoría de sus habitantes se declaran mineros. Desde tiempos prehispánicos los indígenas Chitareros ya habían penetrado las entrañas de las montañas en busca del oro, el problema es que, a la luz de la nueva legislación, lo que se consideraba minería ancestral, para las autoridades hoy es minería ilegal.
Noticias Caracol estuvo en la zona y logró hablar con los mineros informales. Ellos se denominan mineros ancestrales. Jorge Gamboa es la persona que los lidera y dice que son perseguidos y tratados como delincuentes por hacer el trabajo que han realizado durante muchos años.
"Nosotros somos mineros tradicionales, ancestrales, siempre hemos trabajado la pequeña minería y en este momento no tenemos ningún grupo al margen de la ley. Al contrario, queremos que el Gobierno nos intervenga para poder vender el oro legal, estamos dispuestos a mejorar las prácticas de minería", afirmó Gamboa.
Son conscientes del daño ambiental que provocan por el uso del mercurio y aseguran que, si el Gobierno los formaliza y les da herramientas, pueden hacer una minería que no contamine el agua.
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"Necesitamos una ayuda, no tantas trabas porque uno va a pedir una solicitud para llevar la arena y el acueducto y la corporación le dice que no se puede y ¿entonces la gente qué hace? Por ahí dejar los relaves. De hecho, aquí hay muchos relaves, que es esa arena procesada. Hay que pedir permiso al Gobierno para sacarlos y llevarlos a otro lado, como eso tiene mercurio, pues para que no se vaya al río. Hay por lo menos una 500 toneladas de relave, se deja ahí y, cuando llueve, se va al río y ayuda a contaminar. Esas son las ayudas que pedimos, que nos den los permisos, pero no es a atacarnos y a tratarnos de criminales, es ayudarnos a hacer las buenas prácticas", señaló Gamboa.
La fiebre por el oro ha traído serios problemas sociales a California. Cuenta el concejal Danilo Balbuena que son problemas de deserción escolar de los jóvenes, llegada desaforada de población migrante y aumento de la informalidad.
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"No hay empleo, no se genera absolutamente nada, esto causa que la personas tengan que buscar de qué medio se van a mantener o subsistir y esto nos lleva a la informalidad. Y al haber información de que en el territorio hay oro, ha llegado gente de otros lugares y lo que ha generado es una problemática social y desorden en el municipio", indicó Balbuena.
Julio Ácelas, historiador y analista, asegura que el problema deriva de la ausencia de Estado.
"Allí ha aflorado un conflicto ambiental muy fuerte, estimulado por la ausencia de regulación estatal. El Estado durante años se ha venido lavando las manos, se ha ido aislando, no ha tenido intervención real ni efectiva, tanto de la minería tradicional como de los títulos de las multinacionales. Eso se ha convertido en una tierra donde todo gira en torno a la explotación del oro, toda la vida se ha sacado oro de Santurbán con unos costos ambientales y unos estragos ambientales impresionantes", dijo Ácelas.
Desde la empresa privada intentan trabajar de la mano con los pequeños mineros. Minesa, empresa de capital árabe, es la dueña de los títulos mineros en la zona.
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Hasta el momento solo ha realizado labores de exploración, luego de que en enero de 2021, mediante el auto No. 09674, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ordenó archivar el trámite de evaluación de licencia ambiental para hacer labores de explotación.
Yaneth Mantilla vicepresidenta de asuntos estratégicos de Minesa, cree que todos caben en este proceso.
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"Yo creo que ese es el norte, el horizonte, podemos convivir, nosotros tenemos no solamente económicamente el soporte, también tenemos tecnología, conocimiento, aportes en gran escala y podríamos hacer un gran trabajo entre pequeños y gran minería", sostuvo.
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Veeduría ciudadana, clave en este proceso
La evidencia de la grave situación que se vive la presentó Veeduría Activa Santandereana. Ramiro Vásquez la representa y es un activo veedor que le tiene puesto el ojo a este problema desde hace varios años.
Ellos fueron los que encendieron las alarmas frente a lo que estaba sucediendo con el agua que toman los bumangueses y la contaminación en el río Suratá, que surte de agua al acueducto de Bucaramanga.
"Nosotros nos originamos en un documento que conseguimos con derecho de petición, que le mandó la Corporación para la Defensa del Medio Ambiente de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, llamándole la atención a la alcaldesa de California que porque ella no estaba haciendo sus funciones como primera mandataria y jefe de la Policía para evitar esa minería ilegal, no la ancestral, la que llaman de galafardos", expresó Vásquez.
Los veedores denuncian que Genny Gamboa, alcaldesa de California, no ha hecho lo suficiente para luchar contra la minería ilegal. Por esta razón, la Procuraduría General le abrió una investigación disciplinaria ante la presunta omisión en el despliegue de esas funciones, según confirmó el procurador delegado para asuntos ambientales, Gustavo Adolfo Guerrero.
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La mandataria dice que no ha hecho otra cosa que defender a los pequeños mineros de los grandes proyectos de explotación en la zona.
"Las investigaciones están andando. En el momento que yo pongo mi posición de estar en contra de un proyecto de gran minería, surge todo este tema de constreñimiento, pero es mi población, es el 90% de la población que está dedicada y que no tiene la opción de hacer la minería formal, no me puedo poner en contra de toda mi comunidad", manifestó la alcaldesa.
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¿Qué pasa con el agua potable?
El escenario es complejo. La realidad, más allá de las implicaciones sociales, es que hay un conflicto ambiental en la zona, una actividad minera que impacta las fuentes de agua potable. El problema le estalla en las manos al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB).
Por fortuna, para los habitantes del área metropolitana existe un robusto sistema de monitoreo que les permite a los técnicos actuar con rapidez cuando detectan que los niveles de contaminación son altos.
Cuando el mercurio supera la norma, que es dos microgramos por litro y llega a quince, entra a proceso de pretratamiento para bajarla a dos. Cuando llega por encima de ese nivel, se toman medidas más drásticas, cuenta el ingeniero Álvaro Prada, líder de producción del acueducto.
"Ya cuando está por encima de los quince microgramos por litro, cerramos las captaciones y aplicamos nuestro plan de contingencia, que en esta planta es: abrimos el embalse y tomamos agua del embalse de Bucaramanga", explicó.
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Por eso, Alejandro Estrada, gerente general del AMB, garantiza que la calidad del agua no se ve afectada.
"Nosotros suministramos agua totalmente potable. De hecho, nuestro Ircas es de los más bajos del país, el Ircas es el índice de calidad del agua. Entonces entregamos agua potable y sin presencia de ningún tipo de materiales", enfatizó Estrada.
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El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga hace la tarea. Cierra la captación y protege a sus usuarios, pero ¿qué pasa aguas abajo con otras poblaciones que no cuentan con estos recursos y reciben el líquido sin tratar?
La Procuraduría creó recientemente la Mesa Nacional para el Control de Mercurio y exigió al Gobierno luchar contra la minería ilegal, no solo en el páramo de Santurbán.
Según el ente de control, Colombia es el tercer país del mundo más contaminado por mercurio. Entre tanto, los mineros tradicionales siguen insistiendo en que solo la formalización y al apoyo del Gobierno pueden detener la contaminación que genera su actividad.
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