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Pese a decreto que los prohíbe, drama de desalojos en la pandemia golpea a decenas de familias

Los arrendatarios los presionan, pero ellos explican que no han logrado ponerse al día porque la crisis del COVID-19 los dejó sin trabajo ¿Qué dice el gobierno?

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La familia Flores, que llegó a Bogotá desplazada por la violencia hace varios años, tenía un negocio de billares que les proporcionaba ingresos para vivir modestamente y, además, ser solidarios con otras víctimas menos afortunadas.

Sin embargo, hoy sienten que sus derechos están siendo vulnerados: “la señora está ensañada en que necesita su predio y que no le interesa lo del decreto 579, que el presidente Duque no le va a pagar el arriendo, ni le va a solucionar nada”, cuenta Román.

Su esposa Patricia, angustiada por la situación dice que, aunque han intentado conciliar y abonar a la deuda del arriendo no son escuchados: “nos están echando de donde vivimos por no pagar, entonces le hago un llamado al presidente que nos ayude, que nos ayude a solucionar, por favor.

Esta familia es apenas una de las decenas que se sentían protegidos por el decreto presidencial que prohíbe los desalojos, pero la realidad muestra otra cosa.

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Noticias Caracol consultó al Ministerio de Vivienda y allí reiteran que la norma es clara y llaman a la Policía para que defienda los derechos de los ciudadanos.

“Queremos ratificar que hasta el 30 de junio las familias no pueden ser desalojadas, en este momento los desalojos están prohibidos y es que si una familia ve que su arrendador lo va a desalojar puede llamar a la Policía para que intervenga y para que prohíba el desalojo”, indica Carlos Ruiz, viceministro de Vivienda.

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Gran parte de los afectados son desplazados por la violencia, una población extremadamente vulnerable dice Marco Romero, director de CODHES, agencia que estudia el problema del desplazamiento en Colombia.

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Vea también: ¿Tengo que pagar el arriendo en esta cuarentena? Ojo a lo que dice este decreto

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