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Tenerife, el pueblo pobre que podría ser millonario

Se convirtió en una joya de la colonia española y posee cédulas reales de su territorio. Sus habitantes hoy luchan porque se les reconozca que son dueños del suelo y el subsuelo. Informe especial.

Tenerife, Magdalena.

Una carretera polvorienta entre las poblaciones de Plato y Tenerife en el Magdalena nos conduce a un complejo petrolero que es operado por la empresa Parex Resources, una multinacional canadiense que firmó un contrato a largo plazo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos para explorar y explotar petróleo y gas en la cuenca del río Magdalena. Viajamos con líderes de Tenerife que rechazan la presencia de la empresa extranjera porque, según ellos, está en territorios de los cuales se declaran dueños del suelo y el subsuelo.

Martín Barrios es el presidente de Ecotapegua, una organización ambiental que han interpuesto varias tutelas para que les sean reconocidos estos derechos. Con los campos petroleros de fondo, Martín hace el reclamo: "Que reconozcan que Tenerife tiene un derecho de propiedad privada, que tiene derecho por tener una cédula real, por tener una escritura pública y tener una sentencia que sí reconoce el derecho de la propiedad privada de Tenerife".

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La historia es así. En 1783, cuando la corona española dominaba estos territorios, el arzobispo y virrey Antonio Caballero y Góngora expidió cédulas reales que les reconocía el derecho al suelo y al subsuelo a los ricos caballeros fidalgos que vivían en la Villa de San Sebastián de Tenerife.

Para los tenerifanos de hoy, esas cédulas siguen vigentes y, según ellos, han defendido ese derecho durante muchos años. Luis Roncallo es un historiador y periodista que lidera un grupo de ciudadanos que sostiene un litigio con la ANH y con Parex.

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"Tenerife, desde 1783 que recibió estas cédulas reales, ha hecho respetar estos derechos y eso es importante para nosotros porque varias compañías extranjeras intentaron explorar y explotar en Tenerife los recursos mineros y fueron rechazados por los tenerifanos y no pudieron explotar porque el que tiene que firmar cualquier contrato con cualquier explotador es el municipio de Tenerife y no la Agencia Nacional de Hidrocarburos que está irrespetando la propiedad privada", dice.

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La sentencia de la corte

El tema no es nuevo para los tenerifanos, pues en 1951, en un litigio similar, la sala de negocios generales de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo frente al caso. Hernando Herrera es un ingeniero civil que acompañó ese proceso.

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"El doctor Alfonso López Michelsen, un joven abogado fue el que ratificó este derecho ante la Corte Suprema de Justicia en una sentencia de 1951. Él era hijo del presidente cuando lo contrata el municipio y la firma González Miranda para que ratifique el aviso de exploración dado por el Municipio", afirma.

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El proceso fue definido por el alto tribunal el 12 de abril de 1951 y, en la sentencia, le dio la razón a la gente de Tenerife. Este es un aparte del fallo:

“Para la Corte se ha demostrado claramente en este proceso que el Municipio de Tenerife conserva la propiedad de esos terrenos, pues, según certificados del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados de Plato, de fecha 2 de septiembre de 1947, la inscripción de los títulos del Municipio no ha sido cancelada por ninguno de los medios de que trata el artículo 789 del Código Civil”.

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La Corte Suprema no sólo afirmó la propiedad del suelo y subsuelo del municipio, obtenida por medio de sus cédulas reales, sino que falló en contra de las compañías que querían trabajar allí sin su permiso.

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“Es fundado el aviso de perforación en busca de petróleo, dado por el Municipio de Tenerife ante el Ministerio de Minas y Petróleos y son fundadas las oposiciones del Municipio de Tenerife a las propuestas de exploración y explotación de petróleos del señor Gonzalo Mejía y de la Compañía Petrolera de Oriente”.

El ingeniero Herrera señala que "la Corte Suprema falló que no sólo era fundado el aviso dado por el Municipio, sino que, además, dos compañías que habían firmado con la nación no tenían el derecho de estar ahí, hay un antecedente judicial de una compañía que había firmado con el Estado, no tiene el derecho de estar en el terreno del Municipio".

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Posteriormente, el Municipio inscribió su solicitud en el libro de registros de sentencias y perforaciones, algo muy importante porque posteriormente vino una serie de leyes que buscaban expropiar y declarar como propiedad de la nación las riquezas que hay en el subsuelo del país, salvo algunas excepciones en las que ellos consideran que tienen derechos.

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Leyes como la 20 de 1969 y otras reglamentarias que vinieron los años siguientes dicen que para que esos derechos de propiedad sean reconocidos, además de los títulos o cédulas, debieron haber perforado con taladro y declarar la existencia del recurso en su subsuelo. Para los tenerifanos, eso fue exactamente lo que hicieron.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos se mantiene en su posición de que los contratos que suscribió con Parex gozan de legalidad y que ellos tienen las facultades para hacer este tipo de contratos con los particulares.

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Rafael Pinto, vicepresidente de relaciones con el gobierno de la empresa Parex, dice que ellos son socios del Estado y seguirán así hasta que un juez no disponga otra cosa.

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"El Estado aporta el subsuelo y nosotros aportamos el conocimiento, nuestro trabajo y tomamos el riesgo, eso hay que aclararlo, ese es nuestro rol del Estado y el rol nuestro, eso quiere decir que las dudas que haya sobre la propiedad del subsuelo colombiano deben ser aclaradas con el Estado, quien es el dueño... Es un tema que se discute ante los estrados judiciales", asegura.

Los tenerifanos están sentados en un territorio que guarda sus riquezas bajo la tierra y si la justicia les da la razón, San Sebastián de Tenerife, el pueblo pobre y liberal que la historia dejó en el olvido a orillas del Magdalena, podría volver a brillar como lo hizo en la época colonial, cuando obtuvo las cédulas reales. Por eso, su historia aún se sigue escribiendo.

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