Señalan a una exgerente de hacer pasar compras de objetos personales, como televisores y zapatos, por inversiones indispensables para hogares infantiles.
La funcionaria fue identificada como Osdaly Pulgarín Rueda y es una de las cinco mujeres capturadas por los presuntos hechos de corrupción sucedidos durante 2014 en los que habrían provocado un detrimento patrimonial superior a los 320 millones de pesos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Las otras implicadas son Luz Estela Muñoz Agudelo, funcionaria ICBF, y las contratistas Denis González Negrete, Katherine Keila Altube y Judith Morelo Padilla, quienes fueron cobijadas con medida de detención domiciliaria por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
Según la Fiscalía, los hechos sucedieron cuando “se registraron algunas irregularidades como avalar gastos personales haciéndolos pasar como inversiones necesarias para la prestación de servicios en varios hogares infantiles”.
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El CTI estableció que durante el supuesto entramado de corrupción, “se habrían adquirido televisores, zapatos y otros artículos, que luego fueron facturados como compras indispensables para los hogares infantiles que administraban las mencionadas contratistas. El desembolso de los recursos era aprobado luego por las funcionarias del ICBF”.
Ante el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Apartadó (Antioquia), ninguna de las procesadas se allanó a los cargos que les imputó un fiscal seccional de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública de Antioquia.
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La Fiscalía apeló la decisión de primera instancia ante los Jueces Penales del Circuito y solicitó que sean enviadas a prisión.
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