En este proceso también es indagado el arquitecto César Eduardo Amaya Urrego, en su calidad de interventor.
Los investigados supuestamente recibieron la suma de 56 millones de pesos de parte del dueño de un establecimiento educativo.
Según la Fiscalía, la inspectora de urbanismo de la Zona 3 de Medellín, Dora de Jesús Gil Yepes, exigió dinero para no demoler unas obras de ampliación por falta de las respectivas licencias de construcción.
De acuerdo con la investigación las exigencias económicas se habrían presentado entre abril y diciembre de 2016.
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En este periodo los procesados supuestamente recibieron 56 millones de pesos.
El denunciante asegura que los dos indiciados le prometieron no paralizar las obras dentro del colegio, a no ordenar la demolición de las mismas y a gestionar las licencias necesarias.
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Gil Yepes y Amaya Urrego no se allanaron a los cargos imputados por la Fiscalía por el delito de concusión por constreñimiento.
La medida de aseguramiento fue proferida por el Juzgado 8 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías.
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