medellín
4:21 am - 19 de Febrero de 2018

La ONU lanza alerta por homicidios y desplazamiento forzado en el Bajo Cauca antioqueño

En lo que va de 2018 han sido asesinadas 53 personas solo en Cáceres, un municipio de no más de 37 mil habitantes, de donde huyen de la guerra 822 personas.

La primera cifra hace parte de los registros de la Policía, que indican que en 2018 han sido ultimadas 33 personas más que el año anterior cuando se reportaron 20 asesinatos en Cáceres, uno de los seis municipios de la subregión de la que también hacen parte Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza.

La otra está en el preocupante llamado de alerta que este domingo hizo la ONU por medio de su Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR).

“La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos -ONU Derechos Humanos- y la Agencia de la ONU para los Refugiados –ACNUR- manifiestan su preocupación por los hechos de desplazamiento forzado interno y las violaciones de derechos humanos que se han presentado en las últimas semanas en la subregión del Bajo Cauca Antioqueño”, dice un comunicado emitido por esa organización.

La carnicería en la región, según dijo este sábado en Medellín la directora de Fiscalías contra el Crimen Organizado, Claudia Carrasquilla, se debe a la disputa entre bandas narcotraficantes como el Clan del Golfo y Los Caparrapos.

De hecho, en medio de un operativo de la Policía de Carabineros en la vereda Barro Blanco, en Tarazá, cayó abatido alias ‘Polocho’ o ‘El Viejo’, un exgerrillero y exparamilitar que trabajaba según la Fiscalía para la organización de alias ‘Otoniel’.

Para Carrasquilla, “era la persona que estaba generando la confrontación con Los Caparrapos, una estructura delincuencial narcotraficante que tiene presencia allí, con ellos tenía una confrontación, esperamos que con este hecho se reduzca un poco esa criminalidad que se está dando en las regiones”.

En medio de labores investigativas también capturado el vicepresidente del Concejo de Tarazá,  Mario Eliécer Sierra Correa, señalado de pertenecer a esa banda.

Esas acciones dan razón a la ONU, que manifestó en el comunicado que “para desenredar la madeja de violaciones en Bajo Cauca, y así poder garantizar el restablecimiento de derechos de las comunidades y pueblos en sus territorios en condiciones de vida digna, recomendamos que el desarrollo de la estrategia que se adopte inicie con un análisis de factores como: la corrupción, la pobreza, la falta de participación política y la falta de acceso a servicios básicos en la zona”.

Según ese organismo internacional, el conflicto ha llevado a que 461 adultos y 361 niños, niñas, adolescentes de comunidades indígenas y campesinas de las veredas Anará, San Francisco, Bejuquillo, que se suman a las ya afectadas en El Tigre, Ponciano, Alto Tamaná, Campanario y El Calvario estén bajo desplazamiento forzado desde el 19 de enero a la fecha. Estos hechos han sido informados por Noticias Caracol.

“A su vez, quienes suscribimos este comunicado, expresamos nuestra alarma por el incremento en el número de homicidios en el Bajo Cauca, que a la fecha, de acuerdo con cifras oficiales, supera en más del 255% la cifra del mismo periodo del 1 de enero hasta el 14 de febrero del año inmediatamente anterior (sic)”, dice el escrito de ONU y ACNUR.

El comunicado hace referencia también a la grave situación vivida por los indígenas senú en la zona: “En el Bajo Cauca estamos observando violaciones de derechos humanos, tales como: amenazas y atentados en contra de la vida e integridad de personas civiles, violaciones relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales, y afectaciones a principios y prácticas ancestrales del pueblo indígena Senú en su territorio”.

La ONU asegura que la situación de riesgo de las comunidades del Bajo Cauca antioqueño había sido advertida por la Defensoría del Pueblo en una alerta temprana emitida el 22 de enero de 2018 con el número 009.

Frente a los hechos, la ONU hace un llamado “para que se inicie con carácter urgente una estrategia de respuesta integral de prevención, protección y garantías de no repetición de violaciones de derechos humanos, específicamente para el Bajo Cauca”.

Foto: Tomada de video que captó el desplazamiento de decenas de familias de Cáceres en enero.

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