La Fiscalía de
Jeon Joo-hwan apuñaló hasta la muerte a la mujer encargada del aseo femenino de la estación de Sindang, en Seúl, donde ambos comenzaron a laborar en octubre de 2021.
En ese momento Jeon, de 31 años, se encontraba suspendido de empleo después de que la víctima, de entre 20 y 30 años, lo denunciara por acoso repetido y estaba previsto que, al día siguiente del crimen, un tribunal lo condenara por acechar, grabar ilegalmente y amenazar a su compañera de trabajo, delitos por los que finalmente fue sentenciado a nueve años de cárcel.
El delito conmocionó a la sociedad surcoreana por la falta de protección que la justicia brindó a la mujer pese a la cantidad de pruebas que indicaban que el hombre estaba obsesionado con ella y que la acosaba sistemáticamente.
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La corte que lo condenó consideró probado que Jeon le envió en más de 300 ocasiones mensajes que contenían mensajes amenazantes y grabaciones de la propia víctima tomadas sin su consentimiento.
A eso hubo que sumar otra veintena de mensajes con amenazas para que su compañera de trabajo retirara la denuncia por acoso.
La Fiscalía exigió, ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl que juzga el
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En todo caso, Corea del Sur no ha ejecutado una sola sentencia de muerte desde el 30 de diciembre de 1997 y es considerado un Estado que ha abolido la práctica "de facto".
Aun así, la ley aún permite emitir la condena y en torno a 60 personas se encuentran a día de hoy en el corredor de la muerte en el país asiático.