Acusan a miembros de OMS, MSF, Unicef y otras organizaciones de abusar de 51 congoleñas

Medio centenar de mujeres denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales en la República del Congo en agosto de 2018. La mayoría describió -de acuerdo con una investigación publicada este martes por The New Humanitarian y la Fundación Thompson Reuters- haber sido forzada a mantener sexo a cambio de un trabajo en la operación de respuesta contra el ébola, o para que sus contratos no fueran rescindidos.

Empleos que, pese a no requerir un perfil muy cualificado -muchas de ellas eran trabajadoras comunitarias, cocineras o limpiadoras-, les proporcionaban entre 50 y 100 dólares al mes; más del doble que un salario promedio en la República Democrática del Congo (RDC).

"Se trata simplemente del patriarcado: pensar que tienes poder sobre el cuerpo de una mujer, derecho a violarla porque tú necesitas relajarte", explicó la directora del Centro Internacional para la Paz de las Mujeres (IWPC), la nigeriana Helen Kezie-Nwoha.

"Es poder (versus) vulnerabilidad. Ellas necesitan ese trabajo para sobrevivir", continuó Kezie-Nwoha, convencida de que si existiera una relación más equitativa, si de verdad "tuvieran elección", jamás recurrirían al llamado sexo transaccional.

"¿Quién va a creerte?"

Según esta investigación, 51 mujeres describieron haber sido forzadas por supuestos trabajadores humanitarios -en relatos respaldados por conductores y ONG locales- en su mayoría procedentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con 30 acusaciones, el Ministerio de Salud congoleño (8) y World Vision (5).

También aparecen recogidas denuncias contra tres supuestos trabajadores de Unicef, dos de la ONG Alima y acusaciones individuales contra Oxfam, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y Médicos Sin Fronteras (MSF).

"No era solo yo, diría que la mayoría de los chóferes llevábamos a hombres o a sus víctimas dentro y fuera de los hoteles para encuentros sexuales como este.Era algo habitual, tanto como comprar comida en el supermercado", explica uno de los entrevistados sobre lo que parece una conducta normalizada.

"Lo hemos visto demasiadas veces" en un contexto de conflicto o emergencia humanitaria, lamentó Kezie-Nwoha. Existe "esa fe ciega de que los trabajadores humanitarios son buenos, que se sacrifican para venir a nuestros países...Así que, ¿quién va a creerte cuando dices que te han violado?", agregó.

Este último escándalo trae a la memoria otros recientes como los abusos sexuales cometidos por directivos y cooperantes de Oxfam tras el terremoto de Haití en 2010 -quienes contrataron prostitutas y organizaron orgías-, así como por "cascos azules" de la misión de estabilización en la República Centroafricana (MINUSCA) entre 2015 y 2018.

Mecanismos ineficaces

Pese a que todas estas organizaciones internacionales cuentan con protocolos de actuación frente a este tipo de abusos, el mismo sistema que permite que mujeres sean violentadas para mantener sus ingresos hace que pocas se atrevan después a reportar lo sucedido por miedo a consecuencias similares.

"No habíamos recibido (con anterioridad) ninguna queja o indicio sobre las denuncias descritas", dijo World Vision, que asegura haber iniciado "inmediatamente" una investigación a escala global.

Sin embargo, ya en febrero de 2019, varias ONG denunciaron que mujeres y niñas en Beni (este de RDC) habían sido obligadas -una vez más- a realizar favores sexuales a cambio de la vacuna contra el ébola.

"(Las acusaciones) son profundamente horribles y desgarradoras", denunció en un comunicado esta madrugada la directora para África de la OMS, Matshidiso Moeti, que prometió "graves consecuencias" para los autores de tales "actos repugnantes".

La OMS ya adelantó que "las acciones presuntamente perpetradas por personas que se identifican como trabajadores de la OMS son inaceptables y serán investigadas enérgicamente".

Las autoridades congoleñas declararon el pasado 25 de junio el fin de esta epidemia de ébola, la décima del país y que desde agosto de 2018 asoló tres provincias del noreste (Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri), con un balance de 3.463 casos, 2.280 fallecidos y 1.171 supervivientes, según las últimas cifras emitidas por la OMS.

Para su erradicación, más de 15.000 personas fueron radicadas en Beni y pueblos circundantes, con un coste total de más de 700 millones de dólares en una operación empañada por corrupción y ataques de milicias armadas.

Alta impunidad

En el noreste del país, área sumida en un olvidado conflicto desde hace más de dos décadas en el que participan milicias importadas -y muchas otras creadas- de la vecina Ruanda tras el genocidio contra los tutsi de 1994, la violación es además un arma de guerra.

Las mujeres se enfrentan a violaciones sistemáticas. En algunos pueblos prácticamente todas las mujeres han padecido algún tipo de abuso sexual no solo a manos de grupos armados, sino también por miembros del Ejército y "cascos azules" de la misión de la ONU en el país (MONUSCO).

Como explica el médico congoleño Denis Mukwege, galardonado en 2018 con el Nobel de la Paz, todas las supervivientes de una violación -tanto niñas, como mujeres y hombres- sufren un destrozo total de sus vidas y, en muchos casos, el rechazo total de sus familias y de la sociedad.

De acuerdo con Kezie-Nwoha, ha llegado la hora de luchar contra una impunidad rampante y, para ello, esta nigeriana sugiere crear un "protocolo internacional conjunto" que haga a los perpetradores responsables de sus actos y, en el caso del mundo de la cooperación, evite que poco después vuelvan a ser contratados.

"Me decepciona un poco que la comunidad internacional y las ONG, pese a sus promesas, no sean capaces de tomar acciones contra sus trabajadores cuando esto sucede", lamentó esta activista feminista.

"Si esta gente que se supone ha venido a ayudar a las comunidades (locales), en lugar de ello, se aprovechan de ellas, ¿realmente necesitamos este tipo ayuda?", se preguntó.