El Congreso español aprobó este jueves por una amplia mayoría el proyecto de ley de la eutanasia, que despenaliza y regula por primera vez en ese país como un derecho la ayuda médica para morir, con el apoyo de la izquierda y los liberales y la oposición frontal de la derecha.
La norma, que será ratificada previsiblemente más adelante por el Senado, convertirá a España en el séptimo país del mundo donde la eutanasia es legal, tras Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá Nueva Zelanda y Colombia (donde no ha sigo reglamentada por el Congreso).
El Congreso español respaldó hoy una propuesta legislativa del gobertante Partido Socialista por mayoría absoluta de la Cámara, en concreto 198 de los 350 diputados, con 138 votos en contra y dos abstenciones.
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La eutanasia se incluirá como prestación gratuita del Sistema Nacional de Salud español. El paciente deberá confirmar la voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo del procedimiento y los médicos podrán acogerse a la libertad de conciencia.
Una cuestión controvertida
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La despenalización de la eutanasia es un asunto polémico en España desde hace años, tanto política como socialmente.
En un debate duro, los parlamentarios discutieron hoy sobre la vida, la muerte y si cada persona tiene derecho a poner fin a sufrimientos intolerables sin perspectiva de curación o mejoría.
"Como sociedad, no podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento intolerable que padecen muchas personas; España es una sociedad democrática lo suficientemente madura como para afrontar esta cuestión", subrayó el ministro de Sanidad, el socialista Salvador Illa. Esta ley impone "sentido común y humanidad", agregó.
Por su parte, los opositores Partido Popular (PP, conservador) y Vox (extrema derecha) reivindicaron los cuidados paliativos como alternativa a la eutanasia.
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Sin embargo, otras fuerzas de la cámara subrayaron que esos cuidados no bastan, aseguraron que el 80 % de la sociedad está a favor en las encuestas de regular la eutanasia y se decantaron por una ley garantista para que la ayuda médica a morir en un centro sanitario o en el domicilio deje de ser ilegal, tras un proceso deliberativo y con el control de una comisión específica.
La exministra de Sanidad y diputada socialista María Luisa Carcedo quiso dejar claro que el Estado "ni impone ni obliga", pues queda como una decisión autónoma del paciente.
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Defendió que el proyecto legislativo avanza en derechos civiles; piensa en la "condición humana", que es vida, pero también enfermedad, padecimiento y muerte; y habla de "humanidad, empatía y compasión".
"Hoy nadie pierde ningún derecho, todos avanzamos un poquito más en nuestra libertad", opinó la líder de Ciudadanos (librales), Inés Arrimadas.
Pero según el PP, el principal partido de la oposición, esta ley es "una derrota para todos, un fracaso del sistema sanitario y de la sociedad", cuando la respuesta ante el sufrimiento de los vulnerables debería ser "no abandonar nunca a los que sufren, no rendirse y dar cuidado, compañía, consuelo, amor y esperanza", dijo el parlamentario conservador José Ignacio Echániz.
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Reprochó que se despenalice la eutanasia en el año de la pandemia, en el que la sociedad ha contraído una deuda con las personas mayores y los sanitarios, y defendió un sistema de cuidados paliativos personalizados y avanzados como alternativa a una ley "injusta, inoportuna, chapucera e inconstitucional".
La diputada de Vox Lourdes Méndez denunció que la ley supone una "tragedia para España" porque es "despiadada, injusta e ilegítima", "eugenésica y criminal", quebranta el derecho a la vida y "obliga al Estado a matar".
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En contra y a favor
Miembros de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) celebraron hoy a las puertas del Congreso la aprobación del proyecto legislativo, una iniciativa por la que, según recordaron, llevan luchando 36 años.
Entre las personas concentradas figuraba Ángel Hernández, imputado judicialmente por ayudar en 2019 a morir a su mujer, María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple.
También recordaron a Ramón Sampedro, un tetrapléjico que falleció el 12 de enero de 1998 tras ingerir un preparado de cianuro que le había proporcionado una mujer, Ramona Maneiro, según reconoció ésta en 2005. Su caso, de gran impacto mediático y social, fue llevado al cine por el director español Alejandro Amenábar en la película "Mar adentro".
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Sin embargo, la Iglesia católica y grupos conservadores provida se han manifestado repetidamente contra esta ley.
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"La muerte provocada no puede ser un atajo que nos permita ahorrar recursos humanos y económicos en los cuidados paliativos y el acompañamiento integral. Por el contrario, frente a la muerte como solución, es preciso invertir en los cuidados y cercanía que todos necesitamos en la etapa final de esta vida", indicó la Conferencia Episcopal española en un comunicado días atrás.
Lamentó que se instaure "una ruptura moral" en los fines del Estado, que pasa "de defender la vida a ser responsable de la muerte infringida".
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