El gobierno socialdemócrata danés ha llegado a un acuerdo con sus aliados de centroizquierda para desenterrar e incinerar posteriormente a más de 4 millones de visones sacrificados por una mutación de laCOVID-19.
Dinamarca ha sacrificado desde principios de noviembre a todos sus visones (más de 15 millones) al detectarse una cepa del virus que debilitaba la capacidad de crear anticuerpos y podía comprometer la eficacia de las futuras vacunas.
Aunque la mayor parte de los animales fueron incinerados, las autoridades habilitaron dos fosas comunes en instalaciones militares al oeste del país para poder acelerar el proceso.
Las imágenes de cientos de animales saliendo a la superficie por efecto de los gases aparecidas hace unas semanas y la constatación de que algunos habían sido enterrados a menos de los 300 metros de distancia de un lago exigidos por los protocolos medioambientales provocaron quejas de la mayoría del Parlamento danés.
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Las autoridades medioambientales estiman que no hay peligro de contaminación del agua, por lo que el Gobierno y sus aliados han acordado desenterrar a los visones dentro de seis meses, cuando ya no haya riesgo infeccioso y puedan ser incinerados como basura industrial.
El proceso se desarrollará entre finales de mayo y mediados de julio y tiene un coste estimado de 80 millones de coronas danesas (unos 11 millones de euros).
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ESCÁNDALO POLÍTICO
La controversia sobre la cobertura legal de una orden emitida por el Gobierno para sacrificar a todos los animales, y no solo los infectados o situados en un área próxima, provocó una tormenta política que acabó con la dimisión hace un mes del ministro de Agricultura, Mogens Jensen.
El Ejecutivo ha impulsado una ley, que será aprobada en el Parlamento, para prohibir la cría de visones hasta finales de 2021, aunque ya hace semanas que consideró extinta la mutación y levantó las restricciones temporales en la zona más afectada.
La clausura de la industria peletera, que emplea a unas 6.000 personas, provocó varias protestas de criadores de visones, apoyados por la oposición de derecha, mientras se sigue discutiendo la cuantía de la indemnización al sector.
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