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6:22 pm - 1 de Octubre de 2015

Dos empresas obtienen la licencia para cultivar marihuana legal en Uruguay

Artículo
Por: 
EFE

Dos empresas recibieron la licencia por parte del Gobierno uruguayo para cultivar marihuana legal controlada por el Estado, que será vendida en farmacias, como autoriza la pionera ley que despenaliza la producción y compraventa del cannabis aprobada en 2013, informó hoy la Junta Nacional de Drogas.

El presidente de este organismo, que depende de la Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo, explicó en una rueda de prensa que se trata de "un paso fundamental" en la implementación del marco legal, cuyos objetivos principales son regular el consumo y luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Hasta ahora, los cultivadores domésticos y los organizados en clubes cannábicos son los únicos que han usufructuado de la reciente regulación, con cerca de 3.000 usuarios legalizados en todo el país, según fuentes oficiales.

En total fueron 22 las empresas que presentaron sus propuestas para resultar adjudicatarias de la producción y distribución del cannabis, pero finalmente fueron Simbiosis e Icorp las seleccionadas, ambas con capital uruguayo y extranjero, para producir, en principio, hasta dos toneladas anuales de producto.

"Estas dos hay garantía suficiente de acuerdo a los análisis técnicos sobre el origen de los fondos", dijo Roballo, al ser preguntado por si alguna de las sociedades eran sospechosas de incurrir en un delito de lavado de activos.

Una vez aprobadas las licitaciones, las empresas se instalarán en un predio, propiedad del Estado, que ya se ha acondicionado en el departamento de San José (suroeste), para plantar la marihuana y no será hasta al menos dentro de ocho meses cuando llegue a las farmacias, previsiblemente al precio de poco más de un dólar por gramo.

El terreno donde se plantará la sustancia contará con seguridad provista por el Ministerio del Interior, así como privada de las propias empresas.

"En este marco, el Estado iniciará campañas de difusión sobre los riesgos del consumo para la salud y también se incrementarán la fiscalización tanto del autocultivo como de los clubes cannábicos", añadió Roballo.

En estos meses tendrán que organizarse los establecimientos farmacéuticos encargados de comercializar la sustancia a los usuarios debidamente registrados en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca).

Según el presidente de este último organismo, Augusto Vitale, se viene trabajando en una agenda de trabajo con las farmacias y ya se tiene un borrador de acuerdo y un acta de entendimiento sobre unos 11 puntos básicos que tienen que ver con las condiciones de dispensación y seguridad.

No obstante, la ley establece que se venderá una especialidad vegetal controlada de efecto psicoactivo, por lo que también hay "una responsabilidad técnica en el interior de las farmacias para el control del stock", agregó.

El acceso de la población en general a esta sustancia será mediante el registro correspondiente y serán hasta 40 gramos mensuales y 10 semanales los que cada persona que haya cumplimentado los pasos legales necesarios, podrá obtener de producto.

En este sentido, Vitale aseveró que se está apostando por acordar estas condiciones con los centros de farmacias.

En cuanto a la procedencia de las semillas que serán cultivadas, el representante del Ircca confesó que las variedades están en fase de evaluación.

"Tenemos un escenario local de variedades que no representan todavía la estabilidad y la exclusividad que precisamos", expresó.

Además, advirtió de contactos con desarrolladores de genética a través de los cuales se ha podido implementar un proyecto específico para desarrollar genética propia, de manejo exclusivo del Ircca.

La ley que despenaliza la producción y compraventa de marihuana fue impulsada por el Gobierno del expresidente José Mujica (2010-2015) y aprobada en diciembre de 2013, pretende regular su consumo con el fin de implementar una política "que garantice la salud, que se basa en la reducción del daño que produce", explicó Roballo.

También prevenir y abordar el consumo problemático, sensibilizar a la ciudadanía sobre las consecuencias del consumo, así como luchar contra los delitos del crimen organizado.

Una política, según el presidente de la JND, coherente con los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

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