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Dos niñas de 3 y 13 años, entre víctimas de masacre en Perú

El padre de una de las menores asesinadas dijo que su hija había sido amenazada y a su mamá la mataron hace un mes.

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Masacre en Perú. Dos niñas, entre las víctimas.
AFP

Cinco personas, entre ellas dos niñas de 13 años y otra de 3, están entre las víctimas de una masacre en Perú perpetrada por sicarios presuntamente contratados por traficantes de terrenos en una zona pobre al norte de Lima, informó la Policía.

El crimen ocurrió en Ancón, un distrito al norte de la capital peruana rodeado de arenales, donde actúan mafias de traficantes de terrenos.

Los sicarios atacaron al amanecer a sus víctimas, a quienes esperaron cuando salían de una vivienda y abordaban un automóvil.

Una niña de 3 años, que había resultado herida de bala, murió luego en un hospital, según las autoridades.

El presidente Pedro Castillo expresó su solidaridad a los familiares de las víctimas de la masacre en Perú, que desató la indignación de la población.

Agentes policiales detuvieron a cuatro sospechosos del múltiple asesinato, luego de que una exaltada muchedumbre intentó hacer justicia por mano propia e incendió una vivienda donde habían sido vistos.

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"Va a haber justicia, no vamos a permitir la impunidad", dijo el jefe de la Policía, general Humberto Cervantes, desde el lugar de la masacre en Perú tras informar de las capturas.

Tres armas de fuego se encontraron en poder de los detenidos, cuyas identidades y nacionalidad no fueron reveladas.

El padre de una de las víctimas de la masacre en Perú aseguró a la prensa que mafias de traficantes de terrenos habían amenazado a su hija. Hace un mes la madre había sido también asesinada.

"Mi solidaridad y apoyo desde el Ministerio de la Mujer a los familiares de las víctimas del crimen en Ancón", escribió en su cuenta de Twitter el presidente Castillo.

"Garantizaremos la seguridad en todo el país y combatiremos con firmeza la delincuencia", añadió.

Castillo, quien tiene tres semanas en el poder, prometió durante la campaña electoral que expulsaría en un plazo de 72 horas a los extranjeros que cometiesen delitos, en una tácita alusión a los inmigrantes venezolanos a quienes un sector del país asocia con la inseguridad ciudadana.

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