En Estados Unidos incautan lujosa flota de vehículos que iba a ser exportada a Venezuela

En el sur de la Florida, autoridades estadounidenses incautaron 81 vehículos comprados de contado y que pretendían ser exportados hacia Venezuela.

Los vehículos de diferentes gamas, que habrían sido adquiridos por compradores fantasma, tendrían como destino altos funcionarios del régimen del vecino país. Las autoridades presumen que el extesorero de Venezuela, Alejandro Andrade, y el empresario Raúl Gorrín estarían vinculados.

“La Aduana y Protección Fronteriza se dio cuenta de que había ciertas cosas por investigar porque había ciertos detalles como fantasmas que estaban comprando los carros, compañías fantasma, personas fantasma”, manifestó Michael Silva, portavoz de la Oficina de la Aduana.

Por su parte, John Tobón, jefe adjunto de investigaciones de Seguridad Nacional, señaló que “las cuentas de donde salieron las transferencias para pagar por estos carros nosotros las tenemos identificadas como cuentas que están relacionadas con estos esquemas de lavado que hemos visto en Venezuela”.

Varios de los vehículos incautados cuentan con vidrios densamente oscuros y sirenas policiales, particularidades que, así como el color verde militar de las camionetas, hacen pensar a las autoridades que los vehículos iban a ser destinados a la protección de altos funcionarios del régimen venezolano.

“Tienen equipo para ser utilizados por alguien de uso oficial, bien sea de Policía, servicios de inteligencia, etc., no sabemos exactamente quién estaba esperando estos vehículos, pero por su apariencia es obvio que era alguien con un propósito oficial”, agregó Tobón.

Según los investigadores, hay fuertes indicios de que los vehículos estarían vinculados a venezolanos acusados en Estados Unidos como el extesorero del régimen chavista, Alejandro Andrade, quien cumple una condena de 10 años de prisión y el empresario Raúl Gorrín, acusado de corrupción y lavado de dinero; y quien está prófugo de la justicia.

Los 81 vehículos incautados y en proceso de extinción de dominio están valorados en 3,2 millones de dólares, unos 12 mil millones de pesos colombianos.