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Fuerzas de seguridad venezolanas han cometido crímenes de lesa humanidad: CPI

La Corte Penal Internacional señaló al Sebín, la Policía Bolivariana y las FAES, entre otros, de haber llevado a cabo torturas, violaciones y persecución por motivos políticos.

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Mohamed Aouini (2nd R) and Jean-Louis Gilissen (R), the lawyers of Ahmad Al Faqi Al Mahdi, and the Chief Prosecutor Fatou Bensouda (C) stand in the International Criminal Court (ICC) in The Hague on September 27, 2016 during Ahmad Al Faqi Al Mahdi's sentencing for destroying Timbuktu's shrines. - Mahdi was sentenced to nine years in jail for destroying the shrines, after he was found guilty of directing the 2012 attacks on the UNESCO world heritage site in northern Mali. (Photo by Bas Czerwinski / ANP / AFP) / Netherlands OUT
AFP

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) nombró hoy al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Policía Nacional Bolivariana como dos de las fuerzas de seguridad cuyos miembros han cometido, presuntamente, crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

El tribunal hizo público un informe anual en el que enumera delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, entre ellos el de tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución por motivos políticos y encarcelamiento en violación de las normas fundamentales del derecho internacional.

“La información disponible indica que personas afines al Gobierno también participaron en la represión de opositores (…) o de personas percibidas como tales, principalmente actuando en conjunto con miembros de las fuerzas de seguridad”, dijo la Fiscalía.

Otros cuerpos que habrían cometido crímenes de lesa humanidad, al menos desde abril de 2017, serían la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) y la Guardia Nacional Bolivariana.

Es la primera vez que la oficina dirigida por la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, especifica por su nombre qué fuerzas del orden del país caribeño están bajo sus pesquisas.

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Así mismo, la jurista notificó un informe entregado por las autoridades venezolanas en el que se da cuenta de “procesos nacionales llevados a cabo en la jurisdicción ordinaria y militar, y por el Tribunal Supremo de Justicia, así como copias de documentos judiciales detallando procedimientos internos”.

Este documento se encuentra bajo el análisis de la Fiscalía de La Haya, ya que la CPI es un tribunal de ultima instancia que solo interviene cuando los Estados no llevan a cabo investigaciones fehacientes sobre los crímenes denunciados.

Bensouda dijo que prevé concluir el examen preliminar sobre Venezuela en el primer semestre de 2021, momento en el cual espera determinar si existe una base razonable para solicitar a los jueces la apertura de una investigación o, por el contrario, da carpetazo al asunto.

Otro país latinoamericano al que la Fiscalía de la CPI tiene abierto un examen preliminar es Colombia, debido a delitos cometidos presuntamente por miembros del Ejército, el grupo armado FARC y grupos paramilitares.

La Fiscalía valoró positivamente la Jurisdicción Especial para la Paz, el mecanismo de justicia transicional para juzgar los crímenes cometidos en el marco de conflicto armado colombiano.

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“Las autoridades colombianas parecen haber avanzado en la investigación (…) de los posibles casos identificados”, dijo Bensouda en el informe, aunque no estableció ninguna fecha límite para decidir si concluye el examen preliminar de Colombia.

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