Gobierno de Nicaragua y oposición frenan diálogos por falta de acuerdos para superar crisis política

Se espera que este lunes continúen las negociaciones de forma ininterrumpida con el propósito de llegar a un consenso en dos temas en concreto.
Entre los temas que no han logrado consentimiento figura lo relativo a los moderadores y garantes internacionales, que forman parte de la hoja de ruta, según revelaron los negociadores.
"Para nosotros es importante que haya garantes internacionales que cuenten con la confianza del pueblo nicaragüense", dijo la delegada de la ACJD, Azahálea Solís, en alusión a organizaciones como la Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas y la Unión Europea.
Wilfredo Navarro, uno de los representantes del presidente Daniel Ortega en las negociaciones, negó que haya oposición a garantes internacionales, pero estimó que "no es el momento" para discutir eso pues aún no hay nada que garantizar debido a que no han comenzado a tratarse los temas torales de la negociación.
"Es un diálogo difícil, pero la delegación del gobierno tiene toda la voluntad de encontrar caminos de encuentros (...) en beneficio de Nicaragua", dijo Navarro.
Las sesiones de trabajo se desarrollan en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), al sur de Managua, con el cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag, como testigos.
Navarro confirmó que tienen un pacto de "confidencialidad" que les impide revelar el avance de las negociaciones mientras no existan acuerdos.
Liberar a los presos
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, estimó el pasado miércoles que la entidad no puede "entrar en una negociación" mientras existan manifestantes presos. El gobierno excarceló ese día a un centenar de detenidos por protestar contra el gobierno.
Pero más de 600 opositores, entre ellos varios dirigentes y dos reconocidos periodistas, continúan presos a la espera de ser procesados, mientras que otros ya han sido condenados por participar en las protestas bajo cargos de "terrorismo" y otros delitos sustentados en una reciente ley que castiga las protestas con hasta 20 años de prisión, en procesos cerrados que la oposición ha calificado de irregulares.
"Esperamos que todos los prisioneros detenidos de forma ilegal sean liberados. Juicios justos, así como otras garantías conforme a la Constitución, deben ser respetados para todos los detenidos", demandó por su parte la UE, que no obstante consideró al diálogo como "un paso positivo hacia una salida a la actual crisis política a través de una solución negociada".
No obstante, consideró que "el respeto de los derechos fundamentales, especialmente de libertad de expresión y de reunión, es esencial para recuperar la confianza" y que un verdadero diálogo debe "contemplar las reformas necesarias para asegurar elecciones creíbles".
Pidió además el restablecimiento de la cooperación con organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus órganos, y que se permita el regreso de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, expulsada el año pasado.
La oposición exige anular todos los juicios contra los opositores con base en declaraciones del exmagistrado Rafael Solís, otrora hombre de confianza de Ortega, que desertó y se exilió en enero en Costa Rica.
"Son acusaciones absurdas sobre delitos que nunca cometieron" los manifestantes, dijo Solís en una carta pública.
Las protestas estallaron el 18 de abril contra una reforma al seguro social que luego evolucionó en una demanda de salida del poder de Ortega por la represión que ejerció contra los manifestantes, que dejó 325 muertos, más de 700 detenidos y miles de exiliados.
Ortega, un exguerrillero de 73 años que gobierna desde 2007 junto a su esposa y actual vicepresidenta, Rosario Murillo, volvió a la mesa de negociación en medio de una profunda crisis económica y fuertes presiones internacionales.
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