El diario estadounidense denuncia que es una política sistemática, que también implica encarcelar a miembros del Ejército.
"El abuso contra los oficiales ha crecido porque representan una amenaza real para el gobierno de Maduro", indicó el general Manuel Cristopher Figuera, exdirector de Inteligencia de Venezuela, quien desertó en abril y vive en EE. UU., en un artículo publicado este martes por el New York Times.
Indica además el rotativo que, de acuerdo con denuncias de varias organizaciones, como la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, hay 117 oficiales, entre activos y retirados, detenidos en cárceles venezolanas.
El artículo subraya el caso de Acosta Arévalo, que murió a finales de junio bajo custodia del Estado venezolano por su supuesta implicación en una conspiración para dar un golpe de Estado, lo que fue condenado por EE. UU.
El Gobierno de EE. UU. culpó al presidente Maduro y sus "asesores cubanos" por la muerte, a la vez que reiteró el apoyo al pueblo venezolano, según un mensaje publicado el pasado 1 de julio por la secretaria adjunta de Estado para Latinoamérica, Kimberly Breier, en su cuenta de Twitter.
El Times recuerda que el militar fue sepultado el 10 de julio, en contra de los deseos de su esposa y rodeado de guardias de seguridad en una operación controlada por el gobierno. Cinco familiares a los que se les permitió asistir no pudieron verlo porque su cuerpo estaba envuelto en un plástico marrón.
De acuerdo con el rotativo neoyorquino, algunas secciones del informe de su autopsia, que fueron filtradas, señalan que Acosta sufrió un traumatismo por fuerza contundente y electrocución, y que las autoridades han admitido el uso de fuerza excesiva en su caso.
El gobierno venezolano detuvo a dos militares en relación con su muerte y señaló que los oficiales usaron fueron excesiva cuando el capitán se resistió al arresto, recuerda el Times.
Igualmente cita en el artículo los casos de otros militares que fueron torturados como el de Juan Carlos Caguaripano, un capitán de la Guardia Nacional que en 2017 dirigió un asalto fallido en una base militar, quien sufrió lesiones en los testículos debido a los golpes que recibió en la cárcel.
El texto asegura que, en los últimos dos años, a medida que se agrava la escasez de alimentos por el derrumbe de la economía petrolera, las fuerzas de seguridad del Estado han llevado a cabo por lo menos cinco operaciones para derrocar o asesinar a Maduro.
El Gobierno asegura que ha frustrado al menos una docena más de complots, incluido el plan con el que se vinculó a Acosta y otros cinco detenidos, lo que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la organización política de Maduro, utiliza para justificar la vigilancia constante, detenciones arbitrarias y las torturas a los que considera sus enemigos.
Entre los vigilados están los 160.000 soldados que conforman las Fuerzas Armadas de Venezuela, señala el Times al citar denuncias de Naciones Unidas.
Destaca también que la Coalición por los Derechos Humanos, con sede en Caracas y que representa a varios de los militares arrestados, ha documentado 250 casos de tortura cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas contra oficiales militares, sus familiares y activistas de la oposición desde el 2017.
Estos abusos fueron dados a conocer el pasado mes en un informe publicado por Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.
Asimismo, el artículo apunta que, aunque Maduro ha tratado de garantizar la lealtad de los altos mandos militares con promociones y contratos lucrativos, los oficiales de rango medio y bajo y sus familias se ven cada vez más afectados por la crisis.
"El hambre llegó a los cuarteles y se infectaron con disidencia", dijo al diario Ana Leonor Acosta, abogada de la Coalición, quien asegura también que las Fuerzas Armadas están llenas de paranoia, desconfianza y división.
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