India penaliza nuevamente las relaciones entre homosexuales

El Tribunal Supremo indio anuló una sentencia del Tribunal Superior de Nueva Delhi que legalizó la homosexualidad en 2009, al considerarla "constitucionalmente insostenible", y afirmó que el Parlamento puede considerar la opción de enmendar el Código Penal.
"Es muy regresivo. No tiene sentido", dijo a la prensa local Anjali Gopalan, directora de la ONG Fundación Naz, que en 2001 inició el proceso judicial contra la penalización de la homosexualidad y que anunció que recurrirá la sentencia del Supremo.
El máximo organismo judicial de Nueva Delhi dictaminó hace cuatro años que el artículo 377 del Código Penal violaba varios artículos de la Constitución al penalizar los actos sexuales consentidos entre adultos.
Este artículo, una ley británica de 148 años de antigüedad, que data de la época victoriana, considera ilegal "las relaciones carnales contra el orden de la naturaleza" -entre ellas las homosexuales, y las pena con hasta 10 años de prisión.
Tras la legalización, varios grupos religiosos y sociales, como la Alianza de Iglesias Apostólicas, el Consejo Cristiano de Utkal, el Consejo de la Ley de Musulmanes de la India y líderes del hinduista Bharatiya Janata Party, recurrieron la sentencia ante el Supremo.
Activistas homosexuales, organizaciones de derechos humanos y reputadas personalidades respondieron con dureza a la decisión judicial.
"Querido Tribunal Supremo, de acuerdo con vuestras leyes la violación dentro del matrimonio es legal, pero el sexo consensuado gay no. Que os jodan", dijo en su cuenta de Twitter la activista y poeta Meena Kandasamy.
El prestigioso historiador Ramachandra Guha afirmó también en Twitter que la decisión "es un paso atrás hacia el barbarismo y el medievo".
Amnistía internacional escribió en su cuenta de esta red social que "la decisión del Tribunal Supremo hace retroceder a la India muchos años en su compromiso con la protección de las libertades básicas".
La comunidad gay de Nueva Delhi planeaba una manifestación contra el veredicto, pero la Policía les ha negado el permiso, de acuerdo con el activista por los derechos de los homosexuales Ashok Row Kavi.
En su fallo, el Supremo afirmó que "la Legislatura debe estudiar la conveniencia de eliminar la sección 377 del Código Penal indio", con lo que deja en manos del Gobierno la situación de la comunidad homosexual.
El ministro de Justicia, Kapil Sibal, dijo tras la conocerse la decisión que "el Tribunal Supremo es el árbitro final y tiene que ser respetado por el Gobierno".